La polémica relacionada con el juez Ricardo Fiestras, titular del Juzgado de Instrucción número cuatro de Arrecife, ha llegado al Senado. Un miembro de la Cámara Alta ha criticado que se expediente a dos agentes de la Guardia Civil por que se llegaran a difundir imágenes de la intervención en una villa en la que estaba Fiestras en una supuesta fiesta cuando Lanzarote estaba en nivel cuatro de alerta epidemiológica.

“¿Cómo es posible a que a los miembros de la Guardia Civil que son trabajadores y cumplen su función se les ataque de esta manera por parte de la Dirección General de la Guardia Civil?”, pregunta de forma oficial el senador Carles Mulet, del grupo parlamentario Izquierda Confederal.

El senador se hace eco en su pregunta de que, a raíz del operativo en la villa en la que se encontraba Fiestras con otras personas, presuntamente contraviniendo las medidas para evitar la propagación del coronavirus, entre ellas Fernando Becerra, condenado en el caso Unión, se hubiera expedientado a un cabo y un agente de la Guardia Civil, que se enfrentan a una falta grave, y el instructor del procedimiento propusiese desmantelar el grupo que intervino.

Ese expediente disciplinario tras la actuación del Grupo de Intervención Rápida (GIR) el pasado 18 de febrero una considerada fiesta ilegal en una vivienda de la urbanización Cortijo Viejo, en el municipio de Yaiza, se abrió tras la queja presentada el 9 de marzo por el juez Fiestras.

El instructor del expediente reprochó a los agentes que, tras las difusión de los vídeos, “actuación reprochable de algún componente del grupo”, todos los integrantes del GIR “mantengan un cierto 'código de silencio' para proteger o dificultar el reproche legalmente establecido”, cuestionando que utilizaran su derecho legal a no declarar.

Pese a que no fue posible “constatar el agente o persona que filtró los vídeos de la actuación policial” a los medios de comunicación, la Guardia Civil expedientó al agente que grabó los vídeos de la operación y el cabo primero responsable del operativo, aunque su responsabilidad en la divulgación de las imágenes no se habría acreditado.

Con respecto a este caso, el senador pregunta: “¿Esto es franquismo al estilo de usted no sabe quien soy yo?”. Y también cuestiona al Gobierno si ha puesto al tanto del Consejo General del Poder Judicial lo que “ha hecho” el juez Fiestras “para que lo investigue. Este pasado mes de junio trascendió que el Poder Judicial, a través del promotor de la Acción Disciplinaria, había abierto diligencias informativas sobre el caso.

El senador que ha llevado la polémica a la Cámara Alta cuestiona al Ejecutivo “cómo es posible” que no se apoye a los agentes de la Guardia Civil por parte de “un Gobierno que dice ser el más progresista de la historia”.

En su respuesta, fechada este lunes, el Gobierno central señala que el expediente a los agentes “se ha incoado al objeto de depurar las posibles responsabilidades disciplinarias que pudieran derivarse del tratamiento que, por parte de ciertos guardias civiles actuantes, pudiera haberse realizado con las imágenes grabadas por estos durante la intervención”.

“Dicho expediente se encuentra actualmente en fase de instrucción y afecta a dos agentes”, añade el Gobierno sobre una información que ya se conocía. “En ningún caso se ha puesto en cuestión la intervención por los componentes del Cuerpo, puesto que su actuación se ha considerado en todo momento procedente y oportuna, de la que resultaron las correspondientes denuncias administrativas”, apostilla.

Recusación en la Audiencia

Este mes de julio también se ha conocido que la Audiencia Provincial de Las Palmas ha decidido estudiar si el juez Fiestras puede legalmente encargarse de instruir la denuncia presentada por unos ciudadanos contra unos vecinos de Lanzarote a los que acusan de organizar fiestas ilegales durante la pandemia, cuando él mismo se ha visto envuelto en una polémica por hechos parecidos.

A Fiestras le correspondió hace tiempo tramitar la denuncia presentada por los dueños de una casa rural de Lanzarote contra unos vecinos a los que acusan de organizar fiestas ilegales, pero los autores de esa denuncia no se fían de su imparcialidad, porque consideran que puede tener interés directo en los hechos que ha de investigar por estar afectado por una situación similar, por lo que acudieron a la Audiencia para recusarlo.

En un auto, la Audiencia considera que, en principio, existe base para estudiar si Fiestras debe o no ser apartado de esa causa, por lo que abrió formalmente el procedimiento para fallar si procede la recusación.