La directora adjunta de la asesoría jurídica del Cabildo, Eugenia Torres, ha emitido un informe sobre el convenio suscrito entre la Corporación insular y la empresa Yudaya, en marzo de 2006, que propició la retirada de los recursos judiciales contra la licencia de construcción de un  hotel en Playa Blanca a cambio del compromiso de la compañía a no edificarlo hasta después de 2010, cuando terminaba la conocida como moratoria turística.

Del informe dio cuenta este viernes en el pleno el presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, que en noviembre pasado anunció que la institución iba a analizar tanto este convenio, suscrito en la etapa en la presidencia de Inés Rojas (CC), con Carlos Espino (PSOE) como consejero de Política Territorial, como el que suscribió el propio San Ginés en 2014 sobre la misma pieza de suelo y que se incorporó, con el aval del Ayuntamiento y del Gobierno canario, en el nuevo Plan General.

En el informe de Eugenia Torres se apunta que el convenio tenía como objetivo que el Cabildo desistiera de las acciones judiciales contra las licencias concedidas por el Ayuntamiento de Yaiza “para la construcción de un conjunto turístico en varias parcelas” de la urbanización Castillo del Águila, en Playa Blanca.

Por su parte, la empresa, propiedad de los Hermanos Domínguez, en la actualidad socios principales de Hiperdino, se comprometía “a diferir la ejecución del proyecto” del hotel “a después de la conclusión del año 2010”, reduciendo 36 plazas la capacidad. El hotel se quedaría así con 862 plazas turísticas.

“Además”, cita la jurista en su informe, “dicha entidad promovería el cambio de uso de las dos únicas parcelas de su titularidad en el plan parcial Castillo del Águila que tienen asignado uso turístico”, que “se destinarán a uso terciario o comercial”.

Torres analiza el convenio entre el Cabildo y Yudaya desde dos perspectivas: como convenio urbanístico –“el documento no se califica como convenio urbanístico, aunque su contenido es urbanístico”- y como “acuerdo transaccional” para desistir de los procedimientos judiciales.

El convenio, según la jurista, “no tiene mayor fuerza ejecutiva que la que le den las partes”

“Como convenio urbanístico”, añade la jurista, el acuerdo “es nulo de pleno derecho” porque se dictó por un “órgano manifiestamente incompetente”, la presidencia del Cabildo cuando señala que debió aprobarse en el pleno, y “prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido”, que incluiría exposición pública.

Tampoco consta, añade, “la participación del Ayuntamiento de Yaiza”, a pesar de que se contemplaban “cuestiones que no sólo afectaban a la materialización de plaza turísticas, sino a cuestiones que afectaban a la futura revisión de la ordenación pormenorizada del plan parcial Castillo del Águila”, como el cambio de uso de algunas parcelas, “competencias propias del planeamiento urbanístico municipal”.

“En la exposición del documento, no solo se habla de las licencias sino de modificaciones de un plan parcial, modificaciones que deberán ser aprobadas definitivamente por la Consejería competente del Gobierno de Canarias, aunque parece que se introducen en el documento como mera información o complemento a las circunstancias del asunto”, señala.

Desde el otro punto de vista, como convenio para que se desistiese del procedimiento judicial, “se podría considerar”, señala Torres, “que se trató de un acuerdo transaccional, que para que pudiera tener fuerza ejecutiva se presenta en el tribunal competente”, como hizo el Cabildo.

“En ningún caso obligaría al Ayuntamiento  ni anularía las licencias controvertidas”, afirma

A juicio de la jurista, “en dicho acuerdo tendría que haber comparecido y aceptado el Ayuntamiento de Yaiza como administración que ha concedido la licencia de obras, ya que en caso contrario”, advierte, “este acuerdo a la Corporación municipal no le obligaría”.

En ese sentido, añade, “el convenio” firmado con Yudaya en 2006 “no tiene mayor fuerza ejecutiva que la que le den las partes que lo suscribieron, pero en ningún caso obligaría al Ayuntamiento de Yaiza, ni anularía las licencias controvertidas”. En cualquier caso, una década después de suscrito, el hotel todavía no se ha construido.

La directora adjunta de los servicios jurídicos del Cabildo insiste en que la Corporación insular “sólo se debería haber preocupado de sus competencias, del informe de compatibilidad con el Plan insular y de las autorizaciones turísticas.

Falta la “cuantificación económica”

Sobre los gastos que asumió Yudaya por “los honorarios profesionales” de la “representación procesal del Cabildo”, el procurador, el abogado y el perito, Torres considera que “es una cláusula que se puede introducir en este tipo de convenios”, aunque, asegura, “falta su cuantificación económica”.

“Es evidente”, señala, “que este convenio incluye un aspecto económico que no ha sido ni valorado ni cuantificado, y como todo convenio con contenido económico debía ser fiscalizado”. El Cabildo emitió un comunicado el jueves de la semana pasada en la que aseguraba que Yudaya abonó 101.340 euros en honorarios profesionales de la representación del Cabildo, encabezada por el letrado Agustín Domingo Acosta, que llevó los pleitos contra licencias ilegales a hoteles concedidas por los ayuntamientos de Yaiza y Teguise.