Un dictamen encargado por la Fundación César Manrique (FCM) cuestiona la “seguridad jurídica” del proyecto de Ley del Suelo de Canarias que se tramita en el Parlamento y advierte de los “riesgos” de “arbitrariedad”, además del “aumento de la conflictividad judicial”, que provocaría la nueva normativa autonómica.

Un dictamen del catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) Manuel Sarmiento Acosta pone en tela de juicio el proyecto de Ley del Suelo y alerta de la “simplificación” normativa, la ampliación de actividades y usos en el suelo rústico o la configuración y el diseño del órgano ambiental al que se le confía la evaluación ambiental de los planes urbanísticos y territoriales.

También alerta de la “atenuación” de los controles ambientales y urbanísticos, la aprobación definitiva de los planes generales por los municipios, el “debilitamiento” de los planes insulares, la pérdida de competencias supramunicipales por parte de la comunidad autónoma y los denominados Proyectos de interés autonómico e insular.

En el dictamen se realiza un estudio comparativo del derecho autonómico en relación a la aprobación de los planes por parte de los ayuntamientos como plantea la actual Ley y en relación con la evaluación ambiental y el órgano ambiental al que se le confía la evaluación, que suprimiría a la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac).

“Se concluye en ambos casos que no hay parangón en el resto de legislación autonómica con respecto a las modificaciones introducidas para Canarias por el proyecto de Ley que impulsa el Gobierno de Fernando Clavijo”, destacó este miércoles la Fundación César Manrique.

En el primer caso, es prácticamente unánime “el criterio favorable a la atribución de la competencia de la aprobación definitiva de los planes generales a las comunidades autónomas, no por azar, sino como mecanismo de garantía de los interés supralocales”, en los asuntos estructurales.

En el segundo caso, las previsiones incorporadas al proyecto de Ley “se apartan de la tónica general” en la legislación del resto de autonomías, “pues la cualificación técnica y la separación de órganos”, el que redacta y el que hace la evaluación ambiental, “se muestra como indispensable exigencia”.

“No hay precedente en el derecho autonómico comparado de un modelo de ordenación del territorio como el que impulsa el Gobierno de Fernando Clavijo, y no precisamente en términos de protección del territorio, usos permitidos en suelo rústico y garantías ofrecidas por los controles preventivos que debería incorporar la Ley”, destaca la Fundación.

“No se supera la maraña legislativa”

Además, entre las conclusiones del dictamen encargado por la FCM destaca que “la pretendida simplificación jurídico legislativa que se persigue con el proyecto de Ley no se consigue y, por tanto, no se supera la ‘maraña legislativa’ actual en cuanto reunión de toda la normativa dispersa en un solo texto”.

“Lo que se hace es simplemente, y nada menos, que plantear un modelo alternativo de ordenación territorial que entiende simplificación no como clarificación jurídica, sino como liberación de controles”, añade el dictamen.

Más detalles

INCONSTITUCIONAL. El dictamen cuestiona la seguridad jurídica que resulta del proyecto de Ley y advierte del “posible aumento de la conflictividad judicial e incluso de una eventual inconstitucionalidad de la Ley por riesgos de vulneración de la regla constitucional de prohibición de la arbitrariedad de los poderes públicos”.

RÚSTICO. En el dictamen se manifiestan reservas jurídicas sobre la ampliación de usos y actividades en suelo rústico, “pudiendo constituir una conculcación de la legislación estatal básica y del principio de desarrollo sostenible”. “Se deriva inseguridad jurídica e incluso eventuales implicaciones constitucionales”, resalta.

PROYECTOS. Una de las advertencias más relevantes del dictamen recae sobre los proyectos de interés autonómico o insular, pues se podrían considerar una “especie de dispensas singulares del planeamiento general”, lo que puede generar “una controversia de calado en la perspectiva del principio constitucional de la igualdad de trato”.

ARBITRARIEDAD. En ese sentido, esos proyectos de interés autonómico o insular “constituyen caldo de cultivo propicio para la irrogación de situaciones arbitrarias y no puede causar sorpresa que en otras comunidades autónomas se hayan producido importantes anulaciones en sede judicial respecto de instrumentos de similares características”.