La asociación Transparencia Urbanística (TU), que ejerce la acusación popular en el caso por los pagos irregulares del Ayuntamiento de Yaiza al ex secretario de Arrecife y abogado, Felipe Fernández Camero, ha recusado otra vez al juez Salvador Alba, magistrado de la sección sexta de la Audiencia provincial de Las Palmas, que tendrá que resolver un recurso de apelación en esa causa en la que también está personada la asociación Jiménez de Asúa.

TU considera que con el nombramiento de Alba para resolver ese recurso se quiebra el derecho a un juez imparcial. Señala que ha esperado a que Alba se abstuviera de forma voluntaria, pero no lo ha hecho. La asociación destaca que Alba tiene ya un procedimiento pendiente, al haberse visto obligados a recusarlo en el caso Stratvs, y por lo tanto, su independencia queda en entredicho. También tiene otra causa con Jiménez de Asúa, que está personada en la querella entre la juez Victoria Rosell, Alba y Miguel Ángel Ramírez, por lo que tiene un interés directo y personal por el resultado del recurso.

Subrayan que Jiménez de Asúa ya fue acusada por la Fiscalía de fraude procesal y de ejercer la acción popular como un caballo de Troya y que se desconoce cuál es el motivo de que dicha asociación esté personada en esa causa, si pretende exculpar, acusar o destruir la instrucción en que está inmerso el juez Alba, "para luego festejarlo públicamente como celebraron la resolución de este mismo magistrado anulando las grabaciones del caso Unión".

"Una tras otra -aseguran en la recusación- las causas contra los acusados que festejan las resoluciones del juez Alba en los medios de comunicación, que están siendo condenados por tramar campañas de desprestigio contra los jueces y fiscales son las que, por estricto orden de reparto, terminan en la mesa del señor Alba”.

Transparencia considera que con el nombramiento de Alba para resolver ese recurso se quiebra el derecho a un juez imparcial

Para Transparencia, “un simple mapa conceptual deja en evidencia el dantesco espectáculo que se está dando de la Justicia en la provincia de Las Palmas, sin que por sus protagonistas se muestre el más mínimo interés por evitar el daño que se está ocasionando a los demás órganos judiciales ni mitigar la alarma social que se está generando a diario”.

El objetivo de TU, aseguran, no era el de recusar a ningún magistrado ni erigirse en garantes de la legalidad pero se han visto obligados a llevar a cabo "cuantas acciones judiciales en defensa de los procedimientos penales derivados de la corrupción que impera en Lanzarote".

Destacan que los motivos de recusación al juez "devienen de la red de relaciones personales y profesionales aparentemente tramadas por el juez Alba como consecuencia de su cuestionado proceder en el ejercicio de su cargo, hasta el punto que ha sido objeto de expediente disciplinario por parte del Consejo General del Poder Judicial con propuesta firme de expulsión, suspendida hasta que no se resuelvan sus imputaciones".

En Stratvs

En el caso Stratvs, Transparencia recusó a Alba y a sus compañeros Carlos Vielba y Emilio Moya, por haber perdido la imparcialidad al haber entrado ya en el fondo del asunto antes de la vista oral, al decidir levantar el precinto que ordenaba el cierre de la bodega, ya que la Sala entra a valorar las pruebas para negar que se haya podido cometer un delito ambiental dando por buenas unas pruebas periciales presentadas por el propietario de la bodega en las que se niega la existencia de red hídrica subterránea en La Geria.

En el caso Stratvs, Transparencia recusó a Alba y a sus compañeros Carlos Vielba y Emilio Moya, por haber perdido la imparcialidad 

También ponían de manifiesto que el abogado de Juan Francisco Rosa, propietario de la bodega, es José Antonio Choclán, ex magistrado de la Audiencia Nacional, que a su vez es el abogado que dirigió una querella contra el ponente de este caso, el juez Salvador Alba, en nombre del empresario Miguel Ángel Ramírez, dueño de Seguridad Integral Canaria y presidente de la UD Las Palmas. Según Transparencia Urbanística, "esto debería bastar" para que Alba se abstuviera en cualquier procedimiento en que intervenga Choclán.

Pagos irregulares

Por otra parte, en el caso en que se produce ahora la recusación, la Fiscalía de Las Palmas solicita seis años de prisión para el abogado y ex secretario del Ayuntamiento de Arrecife, Felipe Fernández Camero, así como para el ex alcalde de Yaiza José Francisco Reyes y para el ex secretario interventor de Yaiza Vicente Bartolomé, y otros cinco años y medio para Antonio Fernández, que sustituía a este último en ocasiones.

La Fiscalía pide seis años de prisión para Fernández Camero por una “arbitraria expoliación de fondos públicos”

Camero cobraba una cantidad mensual del Ayuntamiento de Yaiza sin justificar, además de las irregularidades que ha detectado la Fiscalía en su contratación para los pleitos. Este abogado, imputado también en el caso Unión, cobró casi un millón de euros de Yaiza, de forma personal o a través de su sociedad Adelfas 24, entre los años 1996 y 2012.

Según el fiscal, el caso supone "una arbitraria expoliación de fondos públicos", ya que "los acusados crearon la ficticia apariencia de que se prestaban servicios de asesoramiento jurídico por parte del acusado, simulando que se adjudicaban mediante adjudicación directa o contrato menor”.