El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y el ministro de Industria, José Manuel Soria, anunciaron este una inversión de 810 millones de euros en cuatro años para la mejora de la eficiencia del sistema energético canario y para la interconexión de los sistemas energéticos de Lanzarote-Fuerteventura, Gran Canaria-Fuerteventura y Tenerife-La Gomera.

En lo que se refiere a las energías renovables, “se alcanzó un acuerdo que permitirá el inminente desarrollo de 97 de los 450 megavatios adjudicados en Canarias”, según destacó el Gobierno de Canarias.

El Ejecutivo autonómico se ha comprometido a “desbloquear los megavatios afectados por dificultades de impacto medioambiental”, unos 187 en total.

Asimismo, Clavijo dio a conocer en la rueda de prensa posterior a la reunión  el compromiso adquirido por el ministro de Industria para que Canarias quede exenta del real decreto de autoconsumo de energía fotovoltaica.

El Gobierno de Canarias y el Estado también anunciaron que han llegado este lunes a un acuerdo sobre los aspectos fiscales y económicos del Régimen Económico y Fiscal (REF), o el impulso a las telecomunicaciones y el turismo.

En el caso del REF, existe el compromiso de aprobar un real decreto sobre los aspectos fiscales a finales de septiembre, tras el informe preceptivo del Consejo de Estado, mientras que los aspectos económicos comenzarán a consensuarse entre el Gobierno canario y el Estado el 1 de septiembre, con el fin de lograr un documento de consenso antes del final de la legislatura, dada "la vital importancia" que la materia tiene para las Islas, señaló Clavijo.

Sobre el gas, el Estado aportará 300 millones de euros para la regasificadora de Granadilla (Tenerife) y la misma cantidad para la de Arinaga (Gran Canaria), indicó Soria, quien ha destacado que el proyecto de Tenerife está en marcha, de manera que será una realidad a finales de 2018, mientras que Gran Canaria debe tomar una decisión al respecto.

A juicio del ministro, "el futuro es del gas" y la pérdida de la financiación para esa regasificadora "no tiene ninguna justificación", aunque deberá ser el Cabildo de Gran Canaria el que tome una decisión sobre el asunto.