El juicio previsto para este jueves en el Juzgado de lo penal número 1 de Arrecife por la construcción de la bodega Los Bermejos se ha suspendido por enfermedad del abogado de la defensa.

Los dos responsables de las obras, Ignacio Valdera y José Carmelo González Clavijo, se enfrentan a una petición de pena por parte de la Fiscalía de dos años y nueve meses de prisión por un delito contra la ordenación del territorio y otro de desobediencia grave.

Es la segunda vez que se aplaza este juicio. La primera vez fue en el pasado mes de septiembre cuando se aplazó para solicitar al Cabido de Lanzarote un informe que determinara si en el Plan Especial de La Geria, en redacción, podían encajar las obras realizadas.

La Fiscalía también solicita una multa de 6.500 euros a cada uno, la demolición de las obras “ilegalmente construidas, la reposición de la realidad física alterada y la restauración del equilibrio ecológico perturbado”.

Las obras denunciadas consisten en una ampliación de la bodega de 444 metros cuadrados y seis metros de altura, una oficina anexa de 56 metros, una cámara frigorífica de 38,50 metros, una explanada de 630 metros, la rehabilitación de una construcción preexistente de 193 metros y una bodega de otros 381 metros.

Todas las obras, según la acusación, comenzaron en el año 2001 y se extendieron hasta 2005, y fueron realizadas “por los acusados de forma concertada, o por uno con el consentimiento expreso del otro”, y se hicieron “atentando flagrantemente contra la normativa territorial vigente en la zona”.

La primera fue en septiembre para ver si las obras serían legalizables según el Plan de La Geria

La bodega se encuentra dentro del Paisaje Protegido de La Geria, en un tipo de suelo categorizado como suelo rústico de protección de valor paisajístico y dentro de una Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA).

La Fiscalía destaca, en su escrito de acusación, que las obras no contaban con ningún título habilitante, que alteraron el medioambiente y que no son legalizables “por cuanto la categoría del terreno no permite la construcción de edificaciones o instalaciones aéreas”.

También asegura que “ni siquiera cabría la posibilidad de convalidación administrativa posterior por cuanto las instalaciones de nueva ejecución se incardinaban en un Espacio Natural Protegido sin que, a la fecha en que fueron acometidas ni posteriormente, existieran instrumentos de ordenación al respecto que permitieran o autorizaran las mismas”.