La Fiscalía acusa a los responsables de la Bodega Los Bermejos, José Ignacio Valdera y José Carmelo González Clavijo, por la construcción de las instalaciones actuales de la bodega, que se encuentra dentro del Paisaje Protegido de La Geria, en un tipo de suelo categorizado como suelo rústico de protección de valor paisajístico y dentro de una Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA).

La Fiscalía de Las Palmas pide una pena dos años y nueve meses de prisión para ambos por un delito contra la ordenación del territorio y otro de desobediencia grave. También solicita una multa de 6.500 euros a cada uno, la demolición de las obras “ilegalmente construidas, la reposición de la realidad física alterada y la restauración del equilibrio ecológico perturbado”.

En el escrito de acusación, el fiscal Carlos Fernández Seijo señala que Clavijo suscribió un junio de 2001 un contrato de arrendamiento con el entonces representante de la mercantil Bodegas Los Bermejos SL para disponer de un almacén en la finca conocida como Hacienda Los Bermejos.

En ese contrato se estipulaba que “para realizar cualquier tipo de obra  se necesitará la autorización expresa del arrendador, quedando dichas obras de mejora en beneficio del local”.

El fiscal pide la demolición de lo “ilegalmente” construido y “la reposición de la realidad”

Un año más tarde, en mayo de 2002, José Ignacio Valdera asumió la administración y representación de la mercantil Bodegas Los Bermejos SL, “haciéndose cargo de la llevanza ordinaria y gestión de dicha sociedad, incluyendo los pormenores, como arrendatario, en la ejecución del contrato de alquiler anteriormente referido”, según el escrito de Fiscalía.

En enero de 2005 el Servicio de protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil detectó obras de transformación del suelo mediante la construcción de varias naves de 200 metros cuadrados.

Un mes más tarde, la Agencia de protección del medio urbano y natural (Apmun) acordó la suspensión y precinto de las obras, que no tenían la preceptiva calificación territorial ni la licencia municipal.

Ampliación en entredicho

Las obras denunciadas consistían en una ampliación de la bodega de 444 metros cuadrados y seis metros de altura, una oficina anexa de 56 metros, una cámara frigorífica de 38,50 metros, una explanada de 630 metros, la rehabilitación de una construcción preexistente de 193 metros y una bodega de otros 381 metros.

Todas las obras, según la acusación, comenzaron en el año 2001 y se extendieron hasta 2005, y fueron realizadas “por los acusados de forma concertada, o por uno con el consentimiento expreso del otro”, y se hicieron “atentando flagrantemente contra la normativa territorial vigente en la zona”.

Las obras atentaron “flagrantemente contra la normativa territorial vigente en la zona”

La Fiscalía destaca que no contaban con ningún título habilitante, que alteraron el medioambiente y que no son legalizables “por cuanto la categoría del terreno no permite la construcción de edificaciones o instalaciones aéreas”.

También destaca que “ni siquiera cabría la posibilidad de convalidación administrativa posterior por cuanto las instalaciones de nueva ejecución se incardinaban en un Espacio Natural Protegido sin que, a la fecha en que fueron acometidas ni posteriormente, existieran instrumentos de ordenación al respecto que permitieran o autorizaran las mismas”.

Suspensión de la Apmun

Además, tras la denuncia y la suspensión de las obras, el 16 de junio de 2005, la Apmun detectó que los acusados “habían continuado con las obras proyectadas al colocar una cubierta sobre la nave principal y un pretil con bloques en la azotea de aproximadamente un metro de altura, estando varios operarios trabajando en la fecha del seguimiento”.

En el juicio, además de los acusados, declararán como testigos un agente de la Guardia Civil, dos de la Apmun, el arquitecto técnico del Ayuntamiento de San Bartolomé y dos técnicos de la Oficina del Plan Insular del Cabildo.