El senador de Coalición Canaria, Pedro San Ginés, ha comparecido este martes, en una rueda de prensa para valorar el archivo de la causa judicial contra él y el resto de imputados por la concursal de Inalsa, calificando este desenlace como el fin de una “vergonzosa e injusta persecución política y judicial” que, afirmó, tuvo como único objetivo “destruir” su trayectoria pública.

San Ginés ha recordado que el auto judicial deja claro que “el Ministerio Fiscal no se opone al sobreseimiento de las actuaciones tras el pronunciamiento del Tribunal Supremo”, que determinó “no haber lugar a asumir la competencia de la causa al no desprenderse de la misma indicios criminales contra el senador”, y concluye que tampoco los hay contra el abogado Ignacio Calatayud, otro de los investigados principales.

En relación con las acusaciones dirigidas a Calatayud sobre el cobro de honorarios indebidos, el auto explica que: “El presupuesto de honorarios fue supervisado y aprobado por la Administración Concursal. Las costas derivadas de los incidentes concursales fueron abonadas por las entidades condenadas y no por Inalsa ni el Consorcio. Y todos los pagos se realizaron conforme al acuerdo con la administración concursal y validados judicialmente”.

“Este auto confirma la inexistencia de indicios de responsabilidad penal contra el señor Ignacio Calatayud, ni en su contratación ni en el cobro de sus honorarios”, dijo el senador, citando literalmente el texto del archivo judicial.

“Acusaciones infundadas”

Respecto a la vivienda que fue objeto de registro con perros policía, San Ginés denunció que esta actuación fue utilizada “para sembrar sospechas públicas”, pese a que el auto descarta cualquier irregularidad en la transacción, y criticó duramente el uso de medios sensacionalistas durante el proceso. “Dolores Corujo, con el inestimable concurso del injusto juez Jerónimo Alonso, hicieron creer que mi vivienda fue adquirida de forma irregular, pero el auto concluye que no hubo ninguna transacción por debajo del precio de mercado, y que no se ha podido descubrir la existencia de pagos o contraprestación alguna a mi favor”, explicó el senador, citando el informe de la Guardia Civil que confirma su inocencia en este aspecto.

El auto también acuerda el levantamiento del embargo preventivo y el desbloqueo de los productos bancarios de los investigados, anulando todas las medidas cautelares que se habían dictado. “Tras años de embargo injustificado de mis propiedades, por fin podré disponer libremente de ellas”, expresó San Ginés.

Una “persecución política” del PSOE

El senador no dudó en señalar al Partido Socialista como responsable de lo que calificó como una “denuncia política orquestada” para dañarle. “Dolores Corujo utilizó su puesto en el Cabildo para ocultar informes jurídicos exculpatorios, engañar al Consorcio con informes externos, sustraer documentos oficiales y promover una querella basada en acusaciones falsas, que ahora han quedado desmentidas”, denunció el senador. San Ginés destacó que, durante el proceso, los dirigentes socialistas aseguraron de forma infundada que se habían desviado dos millones de euros de fondos públicos, cuando el auto demuestra que ni fueron dos millones, ni mucho menos fondos públicos, sino 700.000 euros, de condena en costas a empresas ajenas.

Además, denunció que el PSOE nacional se personó en la causa, tras el archivo inicial por parte del Tribunal Supremo para evitar su archivo, dando por sentado que lo hizo con el consentimiento de su secretario general y ministro del Gobierno de España, Ángel Víctor Torres, demostrando la implicación del partido a nivel estatal en esta estrategia, personación que se resolverá en auto aparte, según la sentencia.

San Ginés lamentó en su intervención los años de “desgaste personal y profesional” que esta causa ha supuesto, al tiempo que subrayó la importancia de este archivo como una “reivindicación de su inocencia”. “Ahora se ha demostrado que siempre tuve la razón. Esta ha sido una persecución política que no solo me ha afectado a mí y a otras personas, sino también a las instituciones y a sus recursos públicos. Queda claro que todo fue una farsa política y mediática. Sin embargo, el daño a mi reputación ya está hecho, porque las acusaciones siempre tienen más eco mediático que las absoluciones”, concluyó.