El presidente Pedro San Ginés adoptó la medida cautelar de incautar la desaladora de Club Lanzarote, en Montaña Roja (Playa Blanca), que vendía agua de forma “no autorizada a terceros”, con “informes verbales” tanto del secretario del Cabildo, Francisco Perdomo, como del letrado externo Ignacio Calatayud.

Así lo declaró San Ginés en el Juzgado de instrucción número 2 de Arrecife, en donde recalcó que preguntó expresamente al secretario del Cabildo y que el funcionario le confirmó que podía adoptarse la medida cautelar, así como que se podía llevar a cabo sin autorización judicial, que era lo que le generaba “ciertas dudas”.

Además, San Ginés señaló que el secretario del Cabildo, que también lo es del Consejo Insular de Aguas y del Consorcio del Agua, le indicó que no era preceptivo un informe escrito para adoptar la resolución, y que la medida de la incautación “estaba amparada legalmente”, como le trasladaron tanto el funcionario como el asesor jurídico externo.

Calatayud elaboró un informe jurídico en el que se avalaba la medida cautelar, con el principal argumento de que las plantas desaladora y depuradora, y las redes de abastecimiento, no eran instalaciones privadas sino públicas al tratarse de una obligación del promotor para urbanizar, dictamen que fue asumido y firmado por el secretario de la Corporación insular. Este informe está fechado once días después de la incautación.

“Actividad ilegal” acreditada

San Ginés fue informado por el juez Jerónimo Alonso antes de comenzar la declaración de que se le imputaban presuntos delitos de prevaricación administrativa y coacciones, las dos acusaciones que plantea Club Lanzarote en la querella, que fue archivada por el propio Alonso en octubre del año pasado y que la Audiencia ordenó que se reabriese y tramitase en junio.

El secretario del Cabildo le indicó que no era preceptivo un informe escrito para adoptar la incautación, que “estaba amparada legalmente”

El presidente recalcó que la incautación de la desaladora se justificaba porque las multas que conllevaría el expediente sancionador no evitaban que Club Lanzarote continuase en su “actividad ilegal” de vender agua a vecinos y hoteles “sin concesión”, algo que había quedado “acreditado”, según subrayó San Gines, “en múltiples informes técnicos y jurídicos”.

A preguntas de la fiscal, señaló que de la venta no autorizada de agua por parte de Club Lanzarote tenían conocimiento “formalmente” al menos desde 2011, cuando el gerente del Consejo Insular de Aguas en aquel momento, José Juan Hernández Duchemín, puso los hechos en conocimiento del Gobierno de Canarias.

Asimismo, el presidente destacó en el Juzgado que más de un año antes de adoptar la medida de la incautación se había requerido a Club Lanzarote para que dejara de vender agua a tercero y que tanto la Dirección General de Comercio del Gobierno de Canarias como el Diputado del Común habían instado a que se actuara.

“La solución menos gravosa”

San Ginés resaltó en su declaración que “se optó por la solución menos gravosa”, que fue la incautación de un bien de dominio público, según los distintos informes que obraban en su poder, y además con la intención de que la medida fuera transitoria” y no producir “desabastecimiento” en la población, hasta que se “regularizara” la situación administrativa por la venta ilegal de agua o bien hasta que concluyeran las obras del Consorcio del Agua para abastecer con sus medios a la urbanización Montaña Roja.

El juez le informó antes de declarar que lo hacía imputado por presunta prevaricación y coacciones, los delitos de los que le acusa Club Lanzarote

El presidente señaló que se habían mantenido “conversaciones” con Club Lanzarote que “no daban fruto” y que se había intentado la ocupación “pacífica” de la planta desaladora pero que el promotor de la urbanización no había accedido. Añadió que el responsable de Club Lanzarote, Joaquín Cañadas, estuvo informado “días o semanas antes” de que “si no se avenía al cese de la actividad” y cedía “voluntariamente” las instalaciones se procedería a la incautación. De hecho, San Ginés subrayó que el mismo día de la incautación le llamó personalmente para comunicársela.

Más detalles

DIPUTADO. San Ginés señaló que dos meses antes de la incautación, el Diputado del Común le había “compelido a actuar so pena de acciones judiciales”. Añadió que no creía que la medida de la incautación se hubiese adoptado de forma “precipitada” sino más bien todo lo contrario, al haber organismos que consideraban que existía “inacción”.

CAPACIDAD. El presidente recordó que hasta 2013 el ciclo integral del agua estaba intervenido por la Justicia, con Inalsa en concurso de acreedores y con administradores nombrados por el Juzgado, con lo cual tenía “nula capacidad sobre el ciclo integral del agua”. Resaltó que cuando se superó esa situación se pidió a Club Lanzarote a que cesara su actividad.

INDICIOS. San Ginés dijo en el Juzgado que tenía “indicios”, que no figuraron en la resolución de la incautación de la desaladora, de la “existencia de vertidos ilegales y presuntos delitos contra el medio ambiente cometidos por Club Lanzarote”, extremo “finalmente contrastado” en el expediente sancionador que se le abrió a la empresa y que ha sido denunciado en vía penal.