El presidente de Canarias, Paulino Rivero, ha asegurado que los permisos otorgados a Repsol para hacer las prospecciones petrolíferas en aguas cercanas a Lanzarote y Fuerteventura son "un asunto político y no jurídico" y constituyen el problema más grave entre las instituciones canarias y la Administración central.

En un encuentro con la Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa (FIDE) ha explicado su visión sobre el asunto, que ha considerado "el punto más importante de las relaciones" entre ambas partes y del que ha alertado que crea "una especie de desafecto" con las autoridades peninsulares.

Rivero ha subrayado que es "lo que más rechazo causa en Canarias" y "va a seguir creciendo". Ha agregado que, si las instituciones canarias se rinden, la sociedad civil aumentará "la contundencia" de su repulsa, por lo que "no hay que remitir el asunto a los tribunales", que también, sino encontrar una solución política.

Antes del encuentro y a preguntas de los periodistas, se ha referido a su reunión de este lunes con los responsables de Sacyr, uno de los principales accionistas de Repsol.

Ha indicado que estaba dentro "de la hoja de ruta marcada" para parar temporalmente el expediente sobre las prospecciones y que incluye visitas con las autoridades estatales, contactos con los partidos políticos y la sociedad civil, y los accionistas mayoritarios de la petrolera.

El presidente canario ha señalado que ha encontrado a Sacyr "con bastante buena disposición y deseando fervientemente que pueda haber acuerdo institucional", que es lo que "se demanda" desde las instituciones canarias.

Rivero ha insistido en que ha encontrado "receptividad" y ha destacado que en la empresa "estarían más cómodos si se produjera un acuerdo entre el Gobierno de España y las instituciones canarias".