“A pesar de las cautelas adoptadas por el suscribiente, no fueron acompañadas por las decisiones de los órganos políticos y del Consejo General del Poder Judicial que, a mi juicio, no adoptaron las medidas necesarias para garantizar la buena marcha de una investigación judicial de gran envergadura relacionada con la corrupción”.

César Romero Pamparacuatro, el primer instructor de la operación Unión, se queja así en su denuncia por la desaparición de autos del procedimiento, del poco apoyo recibido para que la operación siguiera adelante.

Pamparacuatro trabajaba en un Juzgado ya saturado antes de Unión, con más del triple de asuntos civiles y el doble de penales que la media en 2009. Por eso, por la complejidad de la operación y porque ya estaba en marcha la operación Jable, solicitó en septiembre de ese año un juez de apoyo.

El juez había renunciado en dos años a veinte días de vacaciones. El CGPJ lo aprobó pero el Ministerio de Justicia se lo denegó porque no consideró justificada esa carga de trabajo. El entonces ministro, Francisco Caamaño (PSOE) había compartido tareas de gobierno a las órdenes de Teresa Fernández de la Vega con el letrado del Tribunal Constitucional, Ignacio Sánchez Yllera (uno como secretario de Estado y otro como jefe de gabinete). Yllera era amigo y asesor del principal imputado en Unión en ese momento, Luis Lleó.

El análisis de los correos electrónicos de Lleó por parte de la Guardia Civil, deja bien clara la relación entre ambos, así como la reserva de una oficina y la opción de compra de una vivienda para el magistrado en las promociones inmobiliarias del empresario lanzaroteño. Por el camino, en noviembre, el CGPJ le abre al juez un expediente disciplinario por el retraso en dictar una sentencia, que se acaba archivando.

El juez relaciona directamente la falta de refuerzo con la desaparición de los autos que denuncia o con fallos en la instrucción. Dice que “se incrementaron las posibilidades de que en los autos pudiera existir un error, impidiendo la dedicación que la importancia requería, de manera que en dicho periodo pudieran ser modificados o sustraídos al no dotar al Juzgado del Magistrado de refuerzo”.

El juez relaciona directamente la falta de refuerzo con la desaparición de los autos que denuncia o con fallos en la instrucción

Después vino su traslado, voluntario, a la Laguna, la comisión de servicios sin relevarle de sus otras funciones para seguir el caso durante tres meses, y la prórroga paralizada primero porque el CGPJ no reflejó en su permiso quién debía pagar las dietas, y denegada cuatro meses después, a pesar de que constaban seis informes favorables a su concesión.

El Gobierno de Canarias, con Carolina Déniz como viceconsejera de justicia (y con su hermana Isabel investigada mientras tanto) le denegó el abono de esas dietas. Tanto a la juez Lucía Barrancos, que asumió el caso en la primavera de 2011 como a la actual juez, Silvia Muñoz, les concedieron después el refuerzo solicitado.

“Al suscribiente -señala Pamparacuatro-le gustaría conocer cuántas comisiones de servicios sin relevación de funciones se concedieron por el CGPJ en el año 2010 y 2011, y en cuantas de ellas se olvidó (...) pronunciarse sobre el derecho de percibo de dietas a pesar de ser imperativo”.

Destaca que en vez de tres meses para organizar las actuaciones pasaron más de tres años por el cambio de jueces

Esta macrocausa, por la que ya han pasado cinco jueces, afecta a gran parte del poder político y empresarial de Lanzarote, y ha pasado no sólo por problemas burocráticos, sino por filtraciones (Jacinto Álvarez declaró que Isabel Déniz le avisó que le iban a detener), desaparición de pruebas, y ahora, por la investigación de robos dentro del Juzgado.

“Como consecuencia de las vicisitudes anteriormente descritas -dice el juez- se consiguió, que en vez de tres meses necesarios para organizar las actuaciones, tuvieran que pasar cuatro jueces/magistrados consecutivos (...) para la simple organización de las mismas (más de 30.000 folios), de manera que tal vez dicho plazo, más de 3 años, fuera aprovechado o por lo menos incrementaría el riesgo –no sólo de extravío- sino de que alguien pudiera sustraer resoluciones, diligencias o piezas de convicción, incluso a nivel informático, tal y como parece haber sucedido”.