La relación entre el Ayuntamiento de Arrecife y Urbaser, la empresa concesionaria de la recogida de basura y limpieza de las calles, se escribe en los Juzgados. El Consistorio capitalino impuso a Urbaser una sanción de 321.000 euros por el “incumplimiento de las obligaciones contractuales” por parte de la empresa, que ha terminado en los tribunales. Urbaser se llevó de nuevo el concurso de la recogida de basura en Arrecife en marzo de 2014. Cada año, el Ayuntamiento desembolsa por sus servicios más de 5,2 millones de euros, el contrato más elevado al que tiene que hacer frente.

Desde que se firmó el nuevo contrato, los servicios técnicos del Ayuntamiento han advertido en varias ocasiones de que no se estaban cumpliendo las condiciones pactadas. En la sanción que Urbaser ha recurrido ante el Juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Las Palmas se impone la citada multa, pero la opción más drástica que han puesto sobre la mesa los responsables técnicos del Ayuntamiento ha sido que se pueda “iniciar el correspondiente procedimiento de resolución del contrato”.

La sanción recurrida por Urbaser es la culminación de un expediente en el que los responsables técnicos del Ayuntamiento destacaron que se estaba incumpliendo de forma “muy grave” con la limpieza de calles y espacios públicos, así como con la “obligación de mantenimiento, conservación y limpieza de los contenedores de residuos”.

La sanción que recurre la empresa es la culminación de un expediente porque se estaba incumpliendo de forma “muy grave” con la limpieza de calles y espacios públicos

No es el único frente abierto: el Consistorio ha recurrido una sentencia del Juzgado de lo contencioso número 2 de Las Palmas que da la razón a Urbaser y obliga al Ayuntamiento a revisar el canon del anterior contrato, a lo que se negó la Corporación municipal en 2014 alegando que había que esperar a que se resolviese el caso Unión, en el que está siendo investigado. El importe reclamado por Urbaser asciende a 3,1 millones.

En la sentencia se considera que hasta un cambio legislativo que se produjo en 2015 el Ayuntamiento no podía “suspender el plazo para resolver” la reclamación “por la existencia de una cuestión prejudicial”, en este caso la investigación de Unión, y por tanto “no existía amparo normativo” para dejar congelada la solicitud de Urbaser. El Juzgado sugiere que el Ayuntamiento pudo haber procedido a la “declaración de lesividad” del anterior contrato con Urbaser, pero “no lo ha hecho”.

Responsable de 9,7 millones

Por otro lado, la jueza Silvia Muñoz, instructora del caso Unión, ha decidido abrir juicio oral como responsable civil subsidiario contra Urbaser en la pieza bautizada como ‘Jable’. De esta manera, tendrá que responder de la fianza de 9,7 millones de euros impuesta a cinco trabajadores de la empresa cuando se cometió la presunta alteración del anterior concurso público, en la época de Isabel Déniz en la alcaldía, y el supuesto pago de comisiones a políticos y técnicos, si los acusados no la depositan.

La jueza hace suya la petición del Ayuntamiento, personado como acusación particular, y señala que “la indemnización por daños y perjuicios” en las arcas públicas, derivada de los anteriores contratos de Urbaser, se cifran “provisionalmente” en los citados 9,7 millones, “por la trama relativa a la adjudicación del contrato de recogida de residuos”, la construcción de naves que no estaban contempladas y la revisión irregular de precios. El Ayuntamiento reclama “la nulidad de los contratos adjudicados de forma ilícita” y aporta peritajes de los “sobrecostes de las construcciones y de la revisión de precios”.