La federación ecologista Ben Magec ha denunciado las obras de ampliación del puerto de Playa Blanca y ha solicitado al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil que “de forma inmediata se ordene” su “paralización cautelar”.

En la denuncia se sostiene que se cometieron “irregularidades” en la tramitación ambiental del proyecto de ampliación del muelle, que supondrá un aumento de superficie de más de 38.000 metros cuadrados y la inversión se eleva a 39 millones de euros, con financiación europea.

En concreto, Ben Magec recuerda que la autorización ambiental de las obras se aprobó en julio de 2014. Sin embargo, en 2015 se designó una nueva área marina protegida por la Unión Europea que abarca espacio que está previsto ocupar con la ampliación del puerto.

De hecho, aseguran que “una parte importante de las obras de ampliación del puerto de Playa Blanca” se localizan “dentro de los límites” del Lugar de Interés Comunitario (LIC) que protege el espacio marino del oriente y sur de Lanzarote y Fuerteventura.

Además, Ben Magec subraya que en 2016 se declaró la seba (Cymodocea nodosa) como especie protegida. Las aguas de Playa Blanca acogen uno de los sebadales más importante de Lanzarote, el “más denso y extenso del sur de la Isla”.

En la denuncia se recalca que el estudio de impacto ambiental de la ampliación del puerto reconoce la destrucción de unos 20.000 metros cuadrados de sebadal, sin que se contemple “ninguna medida compensatoria” a su “sepultamiento”, como exige la Ley del Patrimonio Natural y Biodiversidad.

Las obras de ampliación del muelle de Playa Blanca no comenzaron hasta noviembre de 2017 y, según destacan los ecologistas, no contemplan los cambios en la protección del espacio marino de Playa Blanca, incluido en la Red Natura 2000 de la Unión Europea.

Por ello, consideran que el Gobierno regional, que es el promotor de las obras a través del ente público Puertos Canarios, tendría que “volver a evaluar los efectos del proyecto sobre ese espacio”. En ese sentido, la federación ecologista entiende que la autorización ambiental de hace cuatro años “no vale”.

Investigación del Seprona

En la denuncia presentada en la Guardia Civil se solicita que “se lleven a cabo cuantas labores de investigación” sean necesarias “para esclarecer la legalidad de las obras en ejecución”. En el caso de que “se desprendiera que se han producido infracciones”, desde el punto de vista administrativo o “penal”, los ecologistas reclaman que “se inicien los correspondientes procedimientos para sancionar a los responsables y exigir las responsabilidades medioambientales pertinentes, así como restaurar la legalidad”.