En Lanzarote hay al menos 37 vertidos de aguas residuales al mar, según los datos del Gobierno de Canarias. De ellos, solo hay ocho autorizados. Otros ocho están en trámites de autorización y hay hasta 21 no autorizados. En Canarias, de los 434 vertidos detectados en la costa, tres de cada cuatro no están autorizados.

Los datos los puso sobre la mesa el biólogo marino Fernando Espino, que participó en la Jornada del Agua que organizó Ecologistas en Acción y que se celebró en el Hotel Lancelot el pasado 25 de junio. Espino también es técnico del Servicio de Impacto Ambiental del Gobierno de Canarias aunque ya advirtió al inicio que su postura no es la postura oficial del Gobierno. Ofreció la ponencia titulada Vertidos tierra-mar de aguas residuales y salmueras en las Islas Canarias: impactos ambientales y gestión y comenzó señalando que los vertidos en Canarias son un problema actual, pero también histórico y que se mantiene prácticamente la misma situación que hace 30 años.

Señaló, en primer lugar, que un vertido es toda aquella evacuación o emisión, sin tratamiento previo, desde tierra al mar de las aguas residuales o utilizadas en una actividad doméstica, industrial, agrícola, ganadera, etc., y que genera una contaminación marina. Se producen a través de una conducción de desagüe, que se emite en superficie, o por un emisario submarino, que “es la forma de verter más adecuada”.

Respecto al concepto de contaminación marina, indicó que es la introducción directa o indirecta como consecuencia de la actividad humana de sustancias o energía en el agua que puedan ser perjudiciales para la salud de las personas o para los ecosistemas acuáticos.

Espino explicó los impactos que se producen por vertidos de aguas residuales urbanas, por aguas residuales industriales  o por aguas de escorrentía pluvial y señaló que las aguas residuales pueden ser muy peligrosas para la salud humana ya que pueden transmitir virus o bacterias. Con ocasión de los vertidos, en muchas ocasiones se cierran al baño las playas.

Entre los efectos ambientales se encuentran las afecciones a la salud humana, impacto visual y malos olores, reducción del número de especies en el ecosistema, pérdida de biodiversidad (tanto ecosistémica como específica y genética), cambios en la composición de especies, alteraciones o pérdida de funciones ecosistémicas, etc.

También la regresión de los sebadales, de difícil recuperación. En Canarias, hasta las aguas residuales más blandas generan un gran impacto en los sebadales, las plantas son muy sensibles, y a su vez tienen impacto en la biodiversidad, ya que hasta 40 especies crían en los sebadales, de las que 30 tienen interés pesquero.

La legislación, por otra parte, está enfocada a proteger la salud en las personas, que es lo más importante, “pero el enfoque ambiental y ecosistémico no está tan bien controlado y muchas veces los platos rotos de los vertidos los pagan el medio ambiente y los ecosistemas”, señaló Espino.

El origen

En Canarias, el 54 por ciento de los vertidos viene de las aguas residuales urbanas, el 14 por ciento de agua salada de piscinas, el 13 por ciento de salmueras y el cinco por ciento de ese agua es residual industrial. En Lanzarote, los datos son similares, pero con matices. El 13 por ciento es de agua residual industrial, el ocho por ciento de salmuera y el 65 por ciento de aguas residuales urbanas. Un tercio de los vertidos están dentro de zonas protegidas, como zonas ZEC o Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), como las de Cagafrecho o los Sebadales de Guacimeta.

Durante la Jornada se expuso que en Lanzarote hay al menos unas 50 desaladoras privadas, cuyos vertidos no aparecen señalados, al menos en su mayoría, en los datos del Gobierno y que vierten salmuera al mar, por lo que los vertidos son muchos más que los que indican los datos oficiales. 

La mayoría están en el este, en el tramo entre Costa Teguise y Puerto del Carmen

De los autorizados, según el mapa de vertidos del Gobierno, dos están en Tías, dos en Yaiza y cuatro en Arrecife, mientras que de los no autorizados, son 13 en Arrecife, siete en Tías, seis en Teguise, dos en San Bartolomé y uno en Yaiza. Todos se encuentran en la zona este, en el tramo entre Costa Teguise y Puerto del Carmen, excepto dos más que están en la costa de Playa Blanca y uno en la desaladora de Janubio. Hay algunos que no están activos, aunque la mayoría sí lo están.

De los activos que no están autorizados o están en trámite, los de Costa Teguise se encuentran en El Jablillo, Playa Bastián y tres en Las Caletas. En Arrecife hay uno en Agramar, uno en Puerto Naos, tres en el Charco de San Ginés (dos en las Cuatro Esquinas y uno en La Puntilla), dos en el Casino Club Náutico, otros dos en la Punta del Camello, dos más en El Cable y uno en La Concha. En Playa Honda se localizan cuatro activos: dos en Los Roques y dos en la zona del Mesana, mientras que en Puerto del Carmen solo hay uno autorizado y el resto no lo está. De los activos hay puntos de vertidos en Los Verdes, en el Varadero, en el muellito y dos en Playa Grande en la zona de Kontiki. Finalmente, en Playa Blanca, el emisario submarino de Costa Papagayo no tiene autorización.

En Playa Blanca, la situación es complicada. Ni la red de saneamiento, ni las estaciones de bombeo ni la depuradora están adaptadas a la realidad actual de la localidad, con un sistema diseñado para unas 10.000 personas que ahora soporta tres veces más.  “Están sobrepasadas”, señaló Espino, que dijo que se ha puesto en marcha un proyecto para corregir esta situación.

Propuestas

Espino propone que se haga en Canarias una planificación integral a través de los planes hidrológicos y teniendo en cuenta todo el ciclo del agua. También reclama que se soliciten las evaluaciones ambientales estratégicas y que todos los planes territoriales y urbanísticos contemplen las aguas residuales y las salmueras.

“Si voy a desarrollar una población de manera significativa, lo primero que tengo que hacer es pensar qué población va a haber dentro de 10, 20 o 30 años y construir una infraestructura adecuada para depurar las aguas que producirá esa población. No puedo quedarme con la misma depuradora de hace 30 años y seguir creciendo y creciendo porque entonces aparecen todos los problemas”, explicó este biólogo, que solicita una estrategia de vertido para toda Canarias porque “tenemos problemas heredados que vienen de atrás”. 

Espino explicó los impactos que se producen por vertidos de aguas residuales urbanas

Otra de las propuestas tiene que ver con la mejora de los procedimientos de evaluación, así como que se elabore una Ley de Evaluación de Impacto Ambiental canaria, ya que “estamos funcionando en Canarias con la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental que aprobó el Estado y cuyos límites y umbrales de los proyectos están pensados para el territorio continental, pero no para un territorio frágil y pequeño”, señaló. 

Esta ley estatal es del año 2013. En este periodo, hasta hoy, Baleares ya ha hecho tres leyes distintas que son más exigentes, mientras que Canarias no ha hecho ninguna. En Baleares se han hecho para endurecer los requisitos para solicitar evaluaciones ambientales ordinarias y no simplificadas en algunos casos.

Por ejemplo, Canarias no solicita evaluaciones para actividades que no las pide la ley estatal. En el Archipiélago es posible poner en marcha una desaladora de menos de 3.000 metros cúbicos sin evaluación ambiental de ningún tipo, mientras que en Baleares sí se pide ya a partir de mil metros cúbicos. La ley estatal indica que para una estación depuradora de menos de 15.000 metros cúbicos solo hace falta una evaluación simplificada, mientras que en Baleares se pide una ordinaria a partir de 5.000.

Por último, Espino solicitó que se actualice la legislación sobre depuración y vertidos, además de aplicar la mejor tecnología posible a esa materia y que haya una “verdadera coordinación” entre las distintas administraciones implicadas, además de una inspección ambiental eficiente. También considera que se podría aplicar una tasa turística, cuyos ingresos reviertan en la mejora de todo este sistema.