Lanzarote concentra seis de los nueve pleitos judiciales que tiene Aena en Canarias
Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena), el organismo dependiente del Gobierno central que controla la red de aeródromos española, tiene en los tribunales nueve procedimientos judiciales relativos al Archipiélago canario, de los cuales seis están relacionados con la isla de Lanzarote.
En total, Aena discute por vía judicial la imposición de tributos o el pago de sanciones económicas que suman la nada desdeñable cifra de más de 1,3 millones de euros, que pretende no abonar en la Isla.
Así se refleja en una respuesta oficial que el Gobierno central acaba de trasladar al senador Narvay Quintero, de Coalición Canaria, en la que se detallan los pleitos que mantiene abiertos Aena en el Archipiélago.
De esta manera, está en trámite un recurso contencioso administrativo interpuesto por Aena contra la tasa de basura del año 2011 que le pasó el Ayuntamiento de San Bartolomé, por 172.820 euros.
El ente que gestiona el aeropuerto de Lanzarote también recurrió la liquidación de la basura de 2012, que suma 240.309 euros, y la del año pasado, que asciende a 201.235 euros.
Aena también ha recurrido varios expedientes sancionadores impuestos por el Ayuntamiento de San Bartolomé por tener abiertos al público y cobrar por aparcamientos en el recinto aeroportuario de Guacimeta sin la correspondiente licencia de apertura y actividad.
Tiene un pleito contra una sanción de 30.000 euros, otro recurso contencioso administrativo ante una multa de 678.539 euros y una sentencia en su contra que le condena al pago, en otro procedimiento, de 15.001 euros.
Al margen de los pleitos con el Ayuntamiento de San Bartolomé, Aena tiene un contencioso contra el Gobierno de Canarias por una sanción que le impone el pago de 2.046 euros por incumplimiento en materia de prevención de riesgos laborales.
Aena también recurrió una liquidación de 4.375 euros del Impuesto de Actividad Económicas del Ayuntamiento de Telde y, con el Ayuntamiento de Ingenio, tiene un pleito por la expropiación de parcelas para el aeropuerto de Gran Canaria, cuyo importe asciende a más de 8,5 millones.
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