Lanzarote se promociona en el mundo desde hace dos décadas como Reserva de Biosfera pero dista mucho de ser un territorio sostenible. Uno de sus puntos débiles es el escaso desarrollo de las energías renovables: desde 2007 la Isla ha esperado en vano por la instalación de nuevos parques eólicos que incrementen la escasa aportación a la producción eléctrica actual. Menos del tres por ciento de la electricidad que se genera en Lanzarote procede de una fuente energética limpia.

El parque eólico de Los Valles, propiedad del Consorcio del Agua y de Endesa, produjo en el último año 22.989 Megavatios hora. El otro parque de la Isla, el obsoleto de Montaña Mina, no funciona con regularidad. La central de Punta Grande, que se alimenta de motores diésel, generó más de 807.000 Megavatios hora. Una diferencia abismal. En cambio, en el conjunto del Estado, la “penetración” de las energías renovables se sitúa en “algo más del 30 por ciento”, señala Pablo Casado, director general de Endesa en Canarias.

Los dos concursos públicos que ha llevado a cabo el Gobierno regional para autorizar nuevos parques eólicos han sido un fracaso. El primero, en 2004, terminó convirtiéndose en el ‘caso Eólico’, y el entonces director general de Industria, Celso Perdomo, se enfrente a una petición de la Fiscalía de siete años de cárcel por violación de secretos, cohecho y malversación.

El segundo concurso se adjudicó en 2009 pero no se ha instalado ni un solo aerogenerador hasta la fecha. Los 37 megawatios de potencia que se repartían en Lanzarote se los llevaron Endesa, a la que le adjudicaron dos parques, Alas Capital y Gas Natural, otros dos, y Sayago Wind, al que le cayó otro parque. En total, la puesta en marcha hubiese necesitado una inversión de 44 millones de euros.

La empresa pública Insular de Aguas de Lanzarote (Inalsa) consiguió en diciembre pasado que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) anulase la adjudicación de los parques eólicos. El Gobierno la dejó fuera por un error en la medición de la distancia entre los molinos. En una reunión entre la Consejería regional de Industria e Inalsa, el Ejecutivo regional ya le reconoció que “con la aplicación de los parámetros fijados en la sentencia, Inalsa recibe asignación de potencia” para un parque eólico en Arrecife, otro en San Bartolomé y dos en Teguise.

Sin embargo, la situación sigue siendo compleja: mientras el Gobierno hace oficial la nueva adjudicación del concurso de hace cinco años, prepara un reglamento para autorizar la instalación y explotación de parques eólicos en las Islas que liberaliza por completo el sector. Es decir, a las empresas les bastará con pedir el permiso para optar a la instalación de aerogeneradores.

Críticas al Gobierno regional

El presidente del Consorcio del Agua, Pedro San Ginés, ha presentado unas duras alegaciones en las que arremete contra las intenciones del Gobierno regional. Considera que el reglamento que elabora la Consejería de Industria de la socialista Francisco Luengo es “nulo de pleno derecho”. Aunque en teoría habría 82 megawatios de eólica en la Isla, el sistema no aguantaría a día de hoy más de 37 sin problemas.

En las alegaciones también se subraya que Europa obliga a que haya “concurrencia competitiva” cuando hay “un número de autorizaciones limitado”. Es más, se acusa de forma directa al Gobierno de “eludir” el “cumplimiento” de la sentencia que tumbó la asignación de parques eólicos.

“Es palpable” la “intención” de colocar “en mejor posición” a las empresas “que han perdido la asignación de potencia”, denuncia San Ginés, ya que con el nuevo marco que dibuja el Gobierno podrían obtener antes la autorización para sus parques eólicos, cuya tramitación administrativa ha avanzado en estos cinco años, que a quien bendiga el concurso eólico.