La retirada del “Telamón” de Órzola sigue encallada
El Gobierno canario autorizó la intervención en septiembre, pero no se ha dado ningún paso: “Hay mucha controversia, porque es una zona muy protegida”
El barco que encalló y se incendió hace más de un año en la costa de Órzola amenaza con convertirse en el nuevo Telamón, aunque con una diferencia: aquí sus restos, cada vez más deteriorados, apenas permiten reconocer la estructura de lo que en su día fue un gran barco atunero.
En su momento, el Gobierno de Canarias calificó de “urgente” la retirada por la “amenaza inminente de daño medioambiental”, pero después tardó meses en resolver el expediente. La resolución favorable terminó firmándose el pasado 11 de septiembre, justo cuando acababa de cumplirse un año del suceso. “Deberá efectuarse de manera inmediata y no podrá suponer una demora injustificada de la actuación”, señalaba entonces la Dirección General del Medio Natural. Sin embargo, un mes y medio después de que esa resolución llegara a Lanzarote, no se ha dado un solo paso.
“El problema es que hay mucha controversia, porque es una zona muy protegida. No está claro lo que hay que hacer y mientras no haya unanimidad por parte de todas las administraciones implicadas, nosotros no vamos a actuar”, advierten desde el Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote, que considera que esa resolución no da suficientes garantías.
El Consorcio fue quien propuso un plan para la retirada poco después de que el barco quedara varado en la costa, pero desde este órgano aclaran que en realidad no son sus competencias. “Nosotros tratamos de ayudar y de coordinar para intentar solucionar el problema, pero si las cosas no están claras, no vamos a hacer algo arriesgándonos a que después nos venga a nosotros una denuncia”.
Desde que llegó la autorización afirman que están a la espera de mantener una reunión con todas las administraciones implicadas, pero terminado el mes de octubre, ese encuentro seguía sin tener fecha.
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“Afección inevitable”
La propia resolución del Gobierno de Canarias reconoce que la intervención que se había planteado tendrá una “afección inevitable sobre el intermareal rocoso y su biota”, pero aun así autorizaba el uso de maquinaria pesada en esta zona protegida. “Solo es ambientalmente admisible por el carácter preventivo de la actuación”, señalaba la Dirección General del Medio Natural, subrayando que el objetivo es “evitar un daño mayor”.
“Mientras no haya unanimidad, nosotros no vamos a actuar”, afirma el Consorcio
Además, la resolución estaba repleta de advertencias sobre la presencia de hábitats de interés comunitario, comunidades de macroalgas y especies de fauna intermareal “que desempeñan funciones ecológicas clave en la dinámica costera y en la regeneración de los recursos pesqueros”; pero no daba indicaciones concretas sobre cómo llevar a cabo la retirada, ni ofrecía sus recursos para la ejecución.
Lo que sí incluía era condicionantes abiertos, como que “antes del inicio de los trabajos deberá realizarse un reconocimiento previo de la zona, mediante recorrido a pie durante la bajamar y/o mediante dron”, para “organizar su retirada”; y que “para evitar afecciones innecesarias al sustrato y a las comunidades naturales presentes”, “las piezas de dimensiones y pesos manejables se retirarán preferiblemente de forma manual”.
El temor del Consorcio de Emergencias es que la intervención termine provocando algún daño y se enfrenten a una denuncia, al tratarse de hábitats protegidos. “Si no hay unanimidad no vamos a actuar”, insisten, subrayando que hay otras administraciones implicadas que también podrían hacerse cargo del operativo.
Dos fases, dos reparos
Según explican desde el Consorcio, la intervención estaba planteada en dos fases. Por un lado, la entrada por tierra con una grúa, para cortar las partes más voluminosas. Después, un helicóptero se encargaría de retirar las piezas por aire, para evitar un mayor impacto en la zona rocosa. Sin embargo, incluso esa fase por aire había encontrado reparos del área de Medio Ambiente del Cabildo de Lanzarote, dado que también es zona de paso de aves protegidas.
“Estamos en un sitio con tantas afecciones que es muy complicado”, apuntan desde el Consorcio de Emergencias. Por eso insisten en que no darán ningún paso, al menos, hasta que se celebre esa reunión con todas las partes, si es que de ese encuentro saliera algún acuerdo.
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“Operador responsable”
El atunero marroquí fue utilizado como patera para llegar a la Isla y encalló en la zona del Charco de La Condesa en la madrugada del 10 de septiembre de 2025. A finales de ese mismo mes, el Ayuntamiento anunció que se había iniciado la retirada de los restos del barco “con personal especializado”. Desde entonces no volvió a trascender más información, pero la realidad es que buena parte de la estructura continúa allí.
La retirada se calificó de “urgente”, pero ya ha pasado un año y dos meses
Desde el Consorcio explican que lo que hicieron en su día fue intervenir, primero, para rescatar a los tripulantes del barco y apagar el incendio. Después, para tratar de limpiar la zona y retirar los restos de la embarcación. Sin embargo, cuando ya habían sacado una parte empleando maquinaria pesada decidieron parar los trabajos, porque empezaron a recibir advertencias sobre los valores medioambientales de la zona, que cuenta con distintas figuras de protección nacionales y europeas.
Su siguiente paso fue elaborar un plan de retirada del barco y remitirlo a las distintas administraciones competentes, incluida la Dirección del Medio Natural del Gobierno de Canarias, que terminó respondiendo once meses después.
Mientras tanto, el último informe del Servicio de Biodiversidad del Gobierno de Canarias, fechado el pasado 21 de agosto, ya advertía que la situación en la zona había empeorado. “La documentación gráfica aportada acredita la pérdida de integridad de la embarcación y la dispersión de elementos estructurales en la plataforma intermareal y en los fondos someros próximos”, señalaba, subrayando que esto “refuerza la necesidad de ejecutar la retirada con carácter urgente, antes de que el oleaje provoque nuevas roturas o desplazamientos”.
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El plan que había previsto el Consorcio de Seguridad y Emergencias para la retirada del barco tendría un coste de más de 60.000 euros, incluyendo solo el alquiler de la maquinaria y el personal para sacar los restos de la zona. En concreto, apuntan que el helicóptero cuesta 15.000 euros por día, al igual que la grúa y la otra máquina que emplearían en la operación; y a eso hay que sumar las horas de los bomberos y otros gastos. Además, la resolución del Gobierno de Canarias advertía que también se debe contar con un Plan de reciclaje del buque, “que incluya un inventario de los materiales peligrosos y una planificación de los trabajos a realizar”. Para ello, el Consorcio había propuesto al Grupo Tiagua, pero la resolución subraya que “no cuenta con autorización” para tratar este tipo de materiales.
“La única entidad autorizada para el tratamiento de embarcaciones al final de su vida útil en Canarias es Logiscrap SL, con sede en Gran Canaria”, precisa. Además, adelantaba que el tratamiento de esos residuos deberá someterse a “autorización previa” de esta misma Dirección General del Medio Natural, y ese trámite ni siquiera se ha iniciado. Por su parte, desde la asociación ambientalista Adacis, que llevaba meses reclamando que se reactivara el expediente y que se busquen alternativas “más sensibles con el entorno”, habían propuesto que la intervención se lleve a cabo con la cooperación del Ejército, dada su “magnitud y complejidad logística”.
“Cuenta con recursos materiales y humanos para poder desarrollar esas labores por vía aérea, terrestre y marítima, y podría hacerlo bajo la supervisión de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, del Cabildo de Lanzarote y del Ayuntamiento de Haría”, apunta Ezequiel Navío, que recuerda que “distintas unidades del Ejército han participado y participan en la limpieza de costas y fondos marinos en enclaves de alto valor ecológico en diferentes costas de España, con resultados muy positivos”.









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