Componentes del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas  (GEAS) de la Guardia Civil, en coordinación con la Viceconsejería de Pesca del Gobierno de Canarias, con la delegación en Canarias del Ministerio de Industria, así como con la Inspección de Trabajo, han realizado durante el presente año una serie de inspecciones en materia de prevención y fiscalización administrativa a varias empresas y centros de buceo de Lanzarote, Gran Canaria y Fuerteventura.

El GEAS, coordinándose en unas ocasiones con los inspectores respectivos de los citados organismos, o de oficio en otras, ha  realizado una serie de inspecciones en los citados establecimientos, tanto a raíz de varias denuncias presentadas por presuntas irregularidades como por iniciativa propia.

A raíz de los mencionados reconocimientos, se han denunciado a 10 centros de buceo de las tres islas y a cuatro empresas dedicadas a la misma temática,  denunciándose 28 infracciones a las citadas normativas y precintándose temporalmente 3 compresores, todos en la isla de Lanzarote.

La mayoría de las infracciones vienen motivadas por carecer de contrato con cámara hiperbárica y no poseer de la preceptiva autorización de la Viceconsejeria para la realización de enseñanzas deportivas recreativas.

Además se procedió a la denuncia de tres centros por no haber pasado la correspondiente inspección del Organismo Certificador Autorizado (OCA) de sus compresores –utilizados para rellenar las botellas de aire comprimido-, y desconocer Industria la posesión del mismo por parte del centro de buceo en cuestión.

Así, se procedió paralelamente al precinto de las referidas máquinas, que se levantaría una vez pasado la correspondiente inspección. También se tramitaron varias denuncias por poseer botellas de aire comprimido sin contrastar.

En cuanto a las denuncias a empresas de buceo, la mayoría de las infracciones se cometieron  por incumplimiento de diversas  normas de seguridad como realizar actividades de submarinismo con  material inadecuado o la falta de personal para completar el equipo mínimo de buceo.

Las denuncias de este tipo pueden conllevar multas de hasta 3.000 euros las infracciones leves, o desde 90.000 euros a 600.000 euros.