Un juicio nuevo que suena a viejo. Por la distancia entre los hechos y la vista oral (once años), porque los acusados ya no ocupan los cargos que ocupaban y porque dos de ellos, Reyes y Bartolomé Fuentes, ya han sido condenados por otorgar licencias urbanísticas.

Reyes, que se negó a declarar, acudió al juicio con abogado de oficio y no preguntó a los acusados ni a los peritos. Antonio Lorenzo y Vicente Bartolomé Fuentes sí declararon aunque no respondieron a la acusación popular, ejercida por la abogada Irma Ferrer, de Transparencia Urbanística: "Igual que se prestaron -señaló a los acusados- para dar licencias a mansalva, han decidido ser los únicos que se sienten hoy en el banquillo". La abogada destacó que una de las licencias se la otorgó Reyes a quien era compañero de partido (en el PNL) y socio (en Comcaype), Pedro de Armas.

Lorenzo aseguró que, como tenía dudas sobre si se podían dar o no las licencias, pidió un informe al secretario. Reconoció que en aquel momento no hacía los informes de forma correcta. "Nadie me dijo que estuvieran mal hechos ni me pidieron aclaración; estaba convencido de que estaban bien hechos", dijo.

La fiscal Elena Herrero le reprochó su desconocimiento del Reglamento de Ordenación y Funcionamiento de las corporaciones locales, que explica cómo elaborar los informes técnicos y también le reprochó que no hubiera comprobado si el proyecto cumplía con las leyes autonómicas, estatales o con el Código de edificación.

"Normalmente los proyectos cumplen", señaló Lorenzo, que asumió que sus informes no estaban motivado pero alegó que no eran informes técnicos para dar licencias sino solamente para iniciar el trámite. Respecto a que todo el expediente se diera en un día, dijo que no era normal "pero se puede hacer".

El ex secretario municipal, que tuvo que dejar de serlo por una condena de inhabilitación, aseguró que el plan parcial Playa Blanca "era un plan muy complicado". Respecto al procedimiento habitual para dar licencias no ahorró detalles: "En ese Ayuntamiento existía la costumbre inveterada de no pasarme los expedientes antes de la firma; me pasaban las resoluciones firmadas y me dejaban el expediente cuando ya estaba la licencia dada".

“En ese Ayuntamiento existía la costumbre inveterada de no pasarme los expedientes antes de la firma; me los pasaban cuando ya estaba la licencia dada”, declaró el ex secretario

También negó la mayor: su informe no era el informe jurídico, como el informe técnico no era el técnico, sino que era un informe sobre el procedimiento a seguir. La fiscal le preguntó si era su obligación informar de que faltaban los informes y respondió que sí, "cuando me presentan el expediente". No supo responder a una serie de cuestiones sobre porqué hay informes suyos en el expediente si no se lo habían pasado o por qué no ponía "el grito en el cielo" cuando le pasaban las licencias ya firmadas por decreto de alcaldía, ya que es el garante de la legalidad.

El ex secretario aludió a las fechas de los informes y a la falta de personal cualificado en el Ayuntamiento, y afirmó que para sus informes utilizaba unas plantillas. A esto, la fiscal le cuestionó que cómo sabía que ponía la plantilla adecuada. En una de las licencias pidió informe de compatibilidad con el PIO y en la otra no, aunque la primera se otorgó antes de que el Cabildo contestara. En su defensa alegó que hizo reseñar que las licencias se podían dar "si se cumplían unas condiciones" pero no señaló si el informe era favorable o negativo, como le obligaba la Ley.

No se podían dar las licencias

Los peritos de la Oficina del PIO explicaron que, según el criterio del Cabildo, no se podían dar licencias en ese plan parcial, porque la Ley de medidas urgentes de 2001, primero, y las Directrices de 2003, después, desclasificaron todos los suelos que no se hubieran desarrollado. El plan parcial Playa Blanca estaba vigente desde 1996. No se urbanizó, no se desarrolló y no se adaptó al PIO, aunque hizo un intento. Ese intento "de darle viabilidad" fue del abogado Díaz de Aguilar, que representaba a la Junta de compensación, y se le advirtió de que el Plan estaba extinguido.

La técnico de la Agencia de protección del medio urbano y natural señaló que el plan tenía 99 artículos y que en su intento de adaptarse al PIO se copiaron tal cual y se añadió uno más que convertía el uso turístico en residencial. Explicó que el Gobierno les pidió un informe para saber qué planes quedaban extinguidos y que ella se reunió para ello en Yaiza con el alcalde y el secretario y nunca contestaron si ese Plan estaba o no en vigor. Después se hizo una propuesta política que se elevó al Parlamento por el entonces consejero de política territorial del Gobierno, Augusto Lorenzo, hermano de uno de los acusados, en la que no se incluía la desclasificación del plan parcial.

A ese informe se acogió Díaz de Aguilar, que declaró como perito, y el abogado de Vicente Bartolomé para sostener que había dudas razonables sobre si el plan estaba vigente o no en el año 2005. Según Díaz de Aguilar, fue el Cabildo el que incorporó el plan parcial al Plan Insular. El otro argumento para intentar demostrar las dudas fue que el TSJC decidió no conceder las medidas cautelares de paralización de las obras en un procedimiento iniciado por la Fundación César Manrique. Irma Ferrer puso en evidencia los vínculos familiares y empresariales de Aguilar con los promotores del plan parcial y recordó que el TSJC ya había sentenciado que el informe del Gobierno sobre los planes desclasificados era una declaración de intenciones sin validez jurídica.

“Cosa juzgada”

Y llegaron las conclusiones. La fiscal comenzó diciendo que el caso puede parecer muy complicado pero es muy sencillo: el Ayuntamiento aprobó el proyecto de urbanización antes de que se publicaran las ordenanzas del plan parcial y aprobó proyectos para suelo residencial cuando era suelo turístico.

“No entiendo qué venimos a discutir aquí porque esto es cosa juzgada”, dijo la fiscal. "Con muy poca inteligencia bastaba para saber que estaban haciendo las cosas mal"

"No entiendo qué venimos a discutir aquí porque esto es cosa juzgada", dijo. "Con muy poca inteligencia bastaba para saber que estaban haciendo las cosas mal", señaló. "Es tan grosera la actuación que a los 99 artículos le añaden uno para cambiar el uso del suelo sin pasar por exposición pública", añadió. Destacó que el expediente, que se resolvió en un día, sólo tiene 18 folios: "Recurrir una multa me lleva más documental", dijo.

A Reyes le reprochó que se arrogara las competencias en urbanismo a pesar de no tener conocimientos específicos, "porque el urbanismo es lo que da dinero". "No se quedó con las competencias en servicios sociales", les espetó. Y terminó: "Yaiza era un Reino de Taifas, no había ni rigor ni control jurídico porque se creían impunes".

Ferrer habló de "salvajismo" en la aplicación de las normas y recordó que hay muchas personas afectadas por las licencias otorgadas en ese plan parcial Playa Blanca, que compraron una casa que ahora es ilegal.

“Pacto de voluntades”

Las defensas insistieron en la "enorme complejidad de la ordenación territorial", en que en 2002 el PIO no consideraba extinguido el plan parcial, y sobre todo en que no queda acreditado que los acusados fueran conscientes de que estaban prevaricando, condición esencial para ser condenados por prevaricación.

El abogado de Reyes pidió una rebaja en la condena, en caso de producirse, por dilaciones indebidas porque el caso estuvo paralizado más de un año, entre 2013 y 2015, esperando un informe, y el abogado de Antonio Lorenzo aseguró que no hay pruebas de que hubiera una premeditación entre los acusados ni un "pacto de voluntades para otorgar las licencias".