La Policía Local de Arrecife detectó y denunció las irregularidades en la gestión de las multas de tráfico en la ciudad que han llevado a la Fiscalía a querellarse contra siete trabajadores del Ayuntamiento a los que acusa de revocar ilegalmente sanciones que suman 575.000 euros.

Así lo corrobora un escrito de la Fiscalía, al que ha tenido acceso EFE, por el que se pone en conocimiento del Decanato de los Juzgados de la capital de Lanzarote los presuntos delitos cometidos para que se abran diligencias penales de investigación.

En un comunicado, el Ayuntamiento ya había explicado que el alcalde, Yónathan de León (PP), ordenó en otoño pasado una investigación interna, que dio pie a una auditoria y varios informes municipales que se enviaron a Fiscalía.

De León solicitó a la empresa responsable del sistema informático una auditoría técnica del sistema de gestión de multas.

Los siete querellados por el fiscal son trabajadores del Ayuntamiento, uno de ellos ya jubilado, que perteneció a la plantilla de la Policía Local

Esa revisión puso de manifiesto "la existencia de numerosas actuaciones de anulación de expedientes sancionadores realizados en el sistema informático" y fue posible identificar a "los usuarios que habían ejecutado dichas actuaciones".

El fiscal Fernando Rodríguez Navarro considera que los hechos podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos al haber dejado de ingresar el Ayuntamiento 575.583 euros e, incluso, falsedad en documento público si las anotaciones en el sistema informático para justificar la anulación de los expedientes no responden a la realidad.

Los siete querellados por el fiscal son Á.B.C., A.G.D., I.B.Q., J.N.P., M.V.C.F., Y.L.G.V. y F.G.R.R., este último ya jubilado, que perteneció a la plantilla de la Policía Local.

Interrogatorios y diligencias

El fiscal solicita varias diligencias de investigación, como la declaración de estas personas en calidad de investigados y la del alcalde de Arrecife, Yonathan de León, como testigo.

También pide al juez que interrogue a los funcionarios que elaboraron los informes administrativos y a los responsables de la auditoría del sistema informático.

Asimismo, demanda que se envíe el expediente administrativo completo remitido por el Ayuntamiento relativo a las irregularidades detectadas en la gestión de multas y que el Consistorio aporte una relación completa de los expedientes sancionadores anulados o cancelados donde aparezca la fecha, el usuario que hizo la cancelación, el motivo y el importe.

El fiscal relata que el 9 de enero recibió escritos y documentación procedente de la asesoría jurídica del Ayuntamiento que daba cuenta de posibles irregularidades en la gestión de multas de tráfico tramitadas bajo el sistema CGI.

En muchos casos, para anular la multa se utiliza la expresión "por orden directa del alcalde", por lo que De León deberá declarar como testigo "a fin de esclarecer esta circunstancia"

Según los informes municipales, hay hasta 2.279 multas sin expediente formal de resolución formal dictada por algún órgano competente.

Las anulaciones podrían haber sido realizadas, según el escrito de Fiscalía, por esos siete funcionarios contra los que se querella.

En numerosos casos, no hay soporte documental que justifique anular esas sanciones, ya que hace falta tramitar un procedimiento administrativo que incluya una resolución expresa dictada por la Alcaldía.

En muchos casos, según la Fiscalía, para anular la multa se utiliza la expresión "por orden directa del alcalde", por lo que De León deberá declarar como testigo "a fin de esclarecer esta circunstancia".