La Fiscalía de Sala de Medio Ambiente y Urbanismo ha solicitado a su delegación en la provincia de Las Palmas que adopte “todas las medidas de impulso procesal que procedan” para que avance el caso de La Bufona, cuya instrucción comenzó hace veinte años.

El caso se juzgó en 2016 tal pero después se ordenó repetir la instrucción porque no se había llevado al procedimiento a los propietarios de las 14 casas sobre las que se ordenaron derribos parciales.

La sección de Medio Ambiente del Ministerio Fiscal ha solicitado información del caso al fiscal delegado de ese mismo área de Las Palmas, Carlos Fernández Seijo, que fue precisamente el fiscal que representó la acusación pública en el juicio que se celebró en Arrecife y que posteriormente fue nombrado fiscal delegado de Medio Ambiente.

Tanto el Juzgado de lo Penal como la Audiencia condenaron al promotor y al constructor, Federico Echevarría y Antonio Caro, a dos meses de prisión por un delito contra la ordenación del territorio, y al derribo de lo construido sin título habilitante en suelo rústico de protección ecológica: muros de contención, piscinas, pérgolas y algunas habitaciones. Unos 250 metros cuadrados de media por cada casa.

En julio de 2018 la Audiencia Provincial admitió un incidente de nulidad presentado por los propietarios y ordenó repetir las actuaciones porque no se había llamado a los propietarios de las casas, aunque sí declararon como testigos pero tras la sentencia pasaron a ser perjudicados.

Durante la instrucción, el impulsor del caso, Gonzalo Murillo, cuya familia es la propietaria de parte de los terrenos donde se construyeron las casas, solicitó de forma reiterada que se llamara a declarar a estos propietarios. La reciente petición de impulso impulso viene precedida de un escrito enviado Murillo a dicha Fiscalía especializada.

Instrucción lenta

La nueva instrucción del caso, en el Juzgado número 3 de Arrecife, comenzó hace dos años y apenas ha avanzado. Aún no se ha llamado a declarar a todos los propietarios.

Murillo ha puesto toda una serie de quejas por la tardanza, tanto ante la Fiscalía como al Diputado del Común y ante el Consejo General del Poder Judicial.

Considera que la Fiscalía “es la que debe velar por que se ejecuten las sentencias” y destaca que el Ayuntamiento de Arrecife nunca ha contestado a sus múltiples requerimientos y que ahora las competencias en urbanismo son de la alcaldesa Astrid Pérez, que está afectada directamente por el caso porque es la propietaria de una de las 14 casas que invaden el suelo rústico.

Gonzalo Murillo, denunciante del caso.

“Responsabilidad” de Pallarés

Murillo también se ha dirigido al fiscal jefe de la Fiscalía especial contra la corrupción y el crimen organizado, Alejandro Luzón Cánovas, denunciando que la actuación desde la Fiscalía Provincial de Las Palmas “podría haber llevado a encubrir la responsabilidad civil directa de un miembro del Ministerio Fiscal, el exfiscal coordinador de Arrecife Miguel Pallarés Rodríguez, enmascarándola como responsabilidad civil subsidiaria”, ya que Pallarés es otro de los propietarios de estas viviendas.