La empresa familiar Inparsa, propietaria de Beatriz Hoteles en Lanzarote, ha presentado una queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra el titular del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Las Palmas de Gran Canaria por la sentencia que otorgó al fondo Blantyre Capital el control mayoritario de la compañía, pese a lo que considera una solvencia acreditada y una oferta de pago del 100 % de la deuda sin quitas.

La resolución, dictada el 18 de septiembre de 2025, homologó el plan de reestructuración promovido por el fondo, lo que supuso la entrega del 70 por ciento del capital de Inparsa a Blantyre Capital (Meru).

Según la empresa, la sentencia se basó en una valoración de las participaciones sociales de 12 millones de euros, frente a una valoración real que estiman superior a 73 millones y unos activos hoteleros tasados en 127 millones.

“El proceso ha terminado en una expropiación encubierta de una empresa solvente”, sostiene Inparsa, que denuncia que el juez dictó sentencia “ignorando pruebas financieras esenciales, sin competencia plena y con una interpretación que contradice el espíritu de la Ley Concursal”.

La compañía señala que el propio magistrado había rechazado en 2024 un plan idéntico del fondo por no existir insolvencia, y que un año después cambió de criterio sin que se hubieran modificado las condiciones financieras ni la situación patrimonial de la empresa.

Según la queja presentada al CGPJ, el juzgado actuó pese a conocer que existía una financiación aprobada de 65,5 millones de euros con Fortress Investment Group, destinada a repagar íntegramente la deuda de Inparsa, incluyendo un perímetro más amplio del grupo Beatriz Hoteles.

Añade que también estaba en curso una apelación sobre ese mismo plan en otro juzgado y que se había archivado el nombramiento del experto independiente, figura clave en este tipo de procedimientos.

Inparsa advierte de que la sentencia “abre la puerta a que fondos de inversión utilicen la Ley Concursal como instrumento especulativo para apropiarse de compañías en crecimiento”, al margen de la existencia de una insolvencia real. En su opinión, este caso podría establecer un precedente “peligroso” para la seguridad jurídica y la confianza empresarial en España.

La empresa destaca que el fallo judicial afecta directamente a derechos fundamentales como el derecho de propiedad (artículo 33 de la Constitución), al suponer una transferencia forzosa de acciones sin indemnización ni utilidad pública; el derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 24), por haberse dictado sin valorar la totalidad de las pruebas aportadas; y el principio de seguridad jurídica (artículo 9.3), al existir resoluciones contradictorias sobre el mismo asunto en distintos juzgados.

Con más de 50 años de trayectoria, Inparsa cuenta con Beatriz Hoteles en Lanzarote entre sus principales activos y emplea a más de 325 trabajadores directos y 700 indirectos. Según explica la compañía, tras superar la pandemia y una reestructuración bancaria, había logrado consolidar su crecimiento, mejorar sus ingresos y revalorizar sus activos.

El conflicto se originó a raíz de la compra por parte de Blantyre Capital de parte de la deuda del grupo, tras lo cual el fondo alegó un supuesto “cambio de control” para declarar el vencimiento anticipado del préstamo e impulsar un plan de reestructuración que convertía la deuda en capital. La legalidad de ese vencimiento se encuentra aún pendiente de resolución en dos juzgados civiles de Madrid.

Inparsa ha reiterado su respeto al Estado de derecho y su voluntad de colaboración con la justicia para “restaurar la legalidad, la estabilidad y la confianza” en los procedimientos de reestructuración. La compañía insiste en que seguirá defendiendo sus derechos ante las instancias judiciales pertinentes, con el objetivo de garantizar la continuidad de su actividad, la protección del empleo y el respeto a los principios básicos del sistema jurídico español.