La sección tercera de la Audiencia Provincial de Las Palmas señala en una sentencia del pasado mes de septiembre, sobre el plan parcial Playa Blanca, que las casas aún siguen en situación de “incertidumbre jurídica”, incluso después de la aprobación del Plan General de Yaiza en 2014, del nuevo plan parcial y de la concesión por parte del Ayuntamiento de licencias para varias urbanizaciones en mayo del año pasado, pocos días antes de que se celebraran los juicios en los que los compradores exigían la devolución del dinero de la compra de las viviendas.

El mes pasado, otro Juzgado, el de primera instancia número 5 de Arrecife, fallaba a favor de los compradores de 25 viviendas en la urbanización La Granja y obligaba a tres promotoras, Alabena, Agueri y Palmera canaria, a devolver cerca de diez millones de euros. Después de esa sentencia se han dictado dos fallos más que también obligan a la devolución del dinero a los compradores en el mismo plan parcial: una sentencia de la Audiencia Provincial sobre cinco casas y otra de un Juzgado de primera instancia sobre 14 casas más. El valor de la devolución, sumando ambas sentencias, más los intereses, puede alcanzar los siete millones de euros.

En todos los casos, las promotoras alegaban que las casas estaban ante una “inminente legalización” por la aprobación del Plan General y la concesión de nuevas licencias por parte del Ayuntamiento, pero los tribunales consideran que no es así.

La Audiencia reitera los argumentos de las anteriores sentencias: que el consentimiento para firmar el contrato estaba viciado ya que las promotoras (de nuevo Alabena, Agueri y Palmera canaria) no habían avisado a los comparadores de los problemas legales a los que se enfrentaban las casas, que tenían recursos en los tribunales que acabaron por perder y que anularon tanto el propio plan parcial como las licencias que otorgó el ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes.

Una de las promotoras, Alabena, alegaba en este último caso que las licencias de construcción no están anuladas y que los compradores conocían la realidad urbanística del municipio. Sin embargo, los tribunales consideran que el “dolo” está suficientemente acreditado, incluso documentalmente, en un acta de una reunión de la Junta de compensación en la que se decidió “deliberadamente” no informar a los compradores acerca de la existencia de esos procedimientos tanto administrativos como judiciales.

Dos nuevas sentencias obligan a devolver el dinero a los compradores de otras 19 casas en ese plan parcial en el municipio de Yaiza, que se suman a las 25 viviendas de otra sentencia

En el caso de las 14 viviendas, que se vendieron entre noviembre y diciembre de 2007, el Juzgado de primera instancia número 4 dice que “el objeto entregado (las casas) no cumple las expectativas de los compradores, que son exactamente las prometidas por los vendedores, que afirmaban que se trataba de una inversión altamente rentable y cuyo valor habría de incrementarse considerablemente en el futuro; ni responde tampoco al objeto descrito en los contratos de compraventa, en los que no se observaba el más leve atisbo de irregularidad urbanística o administrativa”. En este caso, aún cabe recurso.

Este Juzgado también entiende que la posible legalización no es tal. Las promotoras decían que el proyecto de urbanización y distribución del nuevo plan parcial Playa Blanca ya se encontraba inscrito y que se habían otorgado las licencias. Dice el fallo que por medio de esa legalización pretenden convalidar la “posible nulidad del negocio jurídico celebrado”.

La juez considera que con esa posible legalización no se ha solventado el problema que se plantea en el procedimiento, puesto que la nulidad no se basa en la legalidad o ilegalidad de las casas sino en el “dolo empleado” por las promotoras para vender las casas sin proporcionar información sobre sus irregularidades. Afirma que para que los contratos fueran válidos debería emitirse un nuevo consentimiento también válido y ese consentimiento no se ha emitido.

“Es más -dice la sentencia-, los propios demandantes manifestaron en el acto del juicio que a pesar de la legalización o no que se pudiera producir, deseaban continuar adelante con el presente procedimiento, lo que efectivamente se ha producido”.