El gerente de Canal Gestión, David González Gil, envió un burofax a los miembros del Consorcio del Agua, compuesto por el Cabildo y los siete ayuntamientos, para que lo recibieran antes de la asamblea del organismo público de este jueves, que decidió iniciar el procedimiento para romper el contrato con la filial de Canal de Isabel II.

En el documento, al que ha tenido acceso Diario de Lanzarote, la empresa advierte de que “se reserva expresamente el derecho de iniciar las acciones legales pertinentes para la defensa de sus derechos, incluyendo la reclamación de daños y perjuicios que pudieran derivarse de las decisiones adoptadas” por el Consorcio.

Eso incluye, según Canal, “las posibilidades responsabilidades administrativas, civiles, contables e incluso penales ante cualquier jurisdicción exigibles a cualquier Autoridad o funcionario responsable de dichos incumplimientos”.

El posible recurso a emprender acciones penales contra los miembros del Consorcio fue tachado de “tentativa de coacción” por parte del Cabildo de Lanzarote, que controla la mayoría del organismo público. En un comunicado, criticó el “intento de usurpar la capacidad decisoria de sus miembros”.

“Al inicio de la asamblea los alcaldes presentes abrieron el burofax que se les remitió, cuyo contenido no afectó a la decisión meditada que pensaban adoptar, más bien se tradujo en una muestra de debilidad de Canal Gestión Lanzarote y un impulso a la unidad a los representantes de las administraciones locales e insular”, añadió el Cabildo.

La empresa carga contra el Consorcio, por “la ausencia de inversiones propias” desde antes de 2013 y por la congelación de las tarifas, que tenían que haber subido desde 2018

En el burofax, el gerente de Canal recalcó su “absoluta disconformidad” sobre los “pretendidos incumplimientos” que le atribuye el Consorcio: desde invertir menos de los compromisos en contrato, a aumentar el volumen de agua no facturada o no cumplir con el pago de los cánones.

Para la empresa, esas acusaciones resultan “carentes de justificación”. “Canal Gestión ha cumplido diligentemente las obligaciones a las que como concesionario venía obligado, y sin que todavía se le haya dado traslado de algún informe justificativo de dichos incumplimientos, y ello a pesar de haberlo solicitado en reiteradas ocasiones para aclarar las actuaciones e inversiones realizadas” desde 2013, añade.

“Ausencia de inversiones propias”

La filial de Canal de Isabel II sostiene que Lanzarote ya le debe 30 millones de euros por no haberse actualizado las tarifas en los 12 años que lleva gestionando el agua

El gerente de Canal pone el foco en la falta de inversiones por el propio Consorcio, que siempre ha mantenido la titularidad de las plantas desaladoras, de las redes de distribución o de las instalaciones de almacenamiento. “Se desconoce si con esta decisión [el procedimiento para romper el contrato] lo que está pretendiendo el Consorcio es justificar la ausencia de inversiones propias en las Islas, no solo desde el año 2013 sino incluso con anterioridad, con los consiguientes perjuicios que esta falta de inversiones ha generado para los ciudadanos”, subraya.

También destaca que “ha sido exclusivamente el propio Consorcio quien ha incumplido de forma reiterada sus obligaciones contractuales no sólo no afrontando las inversiones oportunas en su calidad de titular de las infraestructuras hidráulicas, sino igualmente no atendiendo a la fórmula de revisión de precios pactada en el contrato”.

“Desprecio” a la Justicia

Canal también acusa al Consorcio de mostrar un “manifiesto desprecio” a las resoluciones judiciales acerca del incremento de las tarifas del agua en la Isla, “lo que ha ocasionado a Canal Gestión Lanzarote una pérdida sustancial de ingresos por un importe superior a los 30 millones de euros como bien les consta”.

En el contrato firmado en mayo de 2013 entre el Consorcio y Canal se estipuló que se congelarían las tarifas cuatro años y que al quinto empezarían a actualizarse cada ejercicio, con el IPC (Índice de Precios al Consumo) más del uno por ciento. Eso sí, la última palabra sobre esos precios públicos la tiene la Comisión de Precios de Canarias.

Precisamente, el Consorcio se escuda en que su obligación contractual es elevar la actualización de las tarifas a la Comisión de Precios de Canarias, un órgano que depende del Gobierno autonómico, que ha venido rechazando la subida del agua en Lanzarote, porque en un año –el ejercicio 2019- con esos precios Canal dio beneficios y por el elevado volumen de pérdidas en red, que el año pasado superó el 56 por ciento.