La ex consejera delegada de la empresa pública Inalsa, Plácida Guerra, asegura que tiene intención de declarar en el Juzgado de instrucción número 4 de Arrecife, que instruye el denominado ‘caso Inalsa’. Este martes no lo hizo argumentando que fue notificada el lunes y que su defensa no había tenido tiempo material de acceder a la documentación de la causa.

El auto del Juzgado en el que se acordó la citación de Guerra y del ex gerente de Inalsa, Rafael Elorrieta está fechado el pasado 13 de octubre. La causa tiene su origen en una denuncia de Alternativa Ciudadana, ampliada con posterioridad y presentada en el Juzgado por la Fiscalía.

Ni Guerra ni Elorrieta prestaron declaración este martes en el Juzgado. Al menos en el caso de Guerra, según aseguró a Diario de Lanzarote, el pasado viernes por la tarde se encontró con un aviso del Juzgado en el buzón de su vivienda, sin posibilidad de acudir al Juzgado ese mismo día.

De tal modo que, añadió, acudió el lunes “después de salir del colegio” en el que es docente, firmando la recepción de la citación en el Juzgado. Guerra asegura que ya en la madrugada del martes también acudieron dos agentes a su domicilio para entregarle la misma citación.

La ex consejera delegada de Inalsa destaca que su defensa no ha podido analizar el sumario, con la denuncia de la Fiscalía. “Vamos a declarar pero dennos tiempo para saber de lo que se nos acusa”, señaló Guerra.

Denuncia contra 26 cargos de Inalsa

La denuncia de la Fiscalía afecta a 26 personas, todas ellas miembros de los últimos consejos de administración de la empresa, vinculados principalmente a PSOE, PIL y Coalición Canaria.

En el caso se investigan varias etapas de la compañía: tanto las decisiones que llevaron a Inalsa a la quiebra como su última etapa dentro del concurso de acreedores.

En este sentido, el Juzgado apunta al traspaso de la deuda de Inalsa al Consorcio insular del agua, que fue informado negativamente por la Interventora del Cabido y que era una condición indispensable para poder seguir con el proceso privatizador de la gestión del agua.