Los dos primeros imputados en el caso Inalsa, que investiga la gestión de la empresa pública de aguas en sus últimos años, se negaron este martes por la mañana a declarar ante el Juzgado número 4 de Arrecife.

La ex consejera delegada de Inalsa, Plácida Guerra, y el que fue gerente de la empresa, Rafael Elorrieta, alegaron que no declaraban porque se les había citado con poco tiempo.

Ambos fueron citados oficialmente el pasado 10 de noviembre en calidad de imputados y han considerado que no han tenido tiempo para preparar su defensa.

A la declaración asistió el fiscal Miguel Ángel Hernández, que se desplazó desde Gran Canaria, y el abogado de Alternativa Ciudadana, que ejerce la acusación popular, Borja Pascual.

La denuncia afecta a 26 personas, todas ellas miembros de los últimos consejos de administración de la empresa.

Alegan que han sido citados con poco tiempo para preparar su defensa

En el caso se investigan varias etapas de la compañía: tanto las decisiones que llevaron a Inalsa a la quiebra como su última etapa dentro del concurso de acreedores.

En este sentido, el Juzgado apunta al traspaso de la deuda de Inalsa al Consorcio insular del agua, que fue informado negativamente por la Interventora del Cabido y que era una condición indispensable para poder seguir con el proceso privatizador de la gestión del agua.