La polémica sobre la instalación de nuevas torretas eléctricas en Lanzarote y Fuerteventura llega a las Cortes. La senadora de Nueva Canarias (NC), María José López Santana, ha presentado ante la Comisión de energía, turismo y agenda digital una iniciativa en la que solicita que se lleven a cabo las actuaciones que sean necesarias para paralizar la instalación del tendido eléctrico aéreo en las Islas orientales.

Así, solicita que se paralice la instalación de las 53 nuevas torretas previstas en Lanzarote y las 326 contempladas por Red Eléctrica de España (REE) para Fuerteventura.

El Cabildo majorero ha logrado la paralización judicial de un tramo de la nueva red y recientemente ha exigido al Gobierno de Canarias que anule de oficio la autorización ambiental y la declaración de utilidad pública del proyecto, por vulnerar la normativa al haberse fraccionado en tres tramos para eludir controles más severos.

En la parte de Lanzarote, entre Mácher y Playa Blanca, fuentes de REE señalan que “todavía no se han iniciado las obras” y que “se continúa trabajando con las distintas administraciones para analizar las posibles mejoras al proyecto aprobado”.

Al contrario que en Fuerteventura, el Cabildo de Lanzarote no ha emprendido acciones judiciales. Red Eléctrica insiste en sus argumentos: que la línea de 132 kilovoltios “es de especial importancia para resolver las debilidades de la red de transporte en la Isla, y poder garantizar la seguridad y calidad del suministro”, además de permitir el desarrollo de energías renovables “de forma segura y eficiente”.

Afecta a espacios de enorme rique natural

En la iniciativa que se debatirá en el Senado se reclama que se respeten los planes insulares de ordenación y que se exploren fórmulas técnicas que respeten la voluntad de las instituciones locales. Además, se considera que Red Eléctrica no ha tenido en cuenta su compromiso con el desarrollo sostenible porque el trazado afecta a espacios protegidos de enorme riqueza natural.

Así mismo, recuerda que el proyecto fue informado negativamente tanto por el Cabildo de Lanzarote como por el Ayuntamiento de Yaiza y la Dirección general de infraestructuras viarias, aunque el Gobierno canario le dio el visto bueno en 2014.

“El respeto al medio ambiente, la biodiversidad y la seguridad y salud de los habitantes de Lanzarote y Fuerteventura no deben ocupar un segundo plano, sino que tienen que prevalecer por encima de los intereses de aquellos grupos inversores cuya única finalidad es obtener los máximos beneficios y la máxima rentabilidad a costa de lo que sea”, concluye.