Vivimos en un contexto  en el que definir un problema, adecuadamente, es decir, con claridad y honestidad, para poder resolverlo de la mejor manera, se ha convertido en un peligroso ejercicio que suele volverse contra la persona que hace el diagnóstico.

A principios de los 90, los gobiernos del PSOE y luego  del PP, se empeñaban en que la (supuesta) escasez de agua en la península era de origen físico, es decir, que llovía de manera desigual tanto en el tiempo como en las diferentes regiones, algo que en principio es cierto, por lo que la solución a ese (supuesto) problema consistía en construir más embalses y trasvases, no en mejorar el diagnóstico estudiando cómo se usaba el agua ni qué potencial hídrico tenían las aguas subterráneas.

Algunos profesores universitarios apoyaban el “diagnóstico” inicial, hay que reconocer que sin demasiado fundamento, pero a los gobiernos les venía muy bien ese “apoyo”.

Otro grupo variado de profesores universitarios y profesionales independientes , que posteriormente creamos la Fundación Nueva Cultura del Agua, FNCA, mostrábamos que:

a) Los “datos que justificaban el diagnóstico inicial” estaban sobredimensionados ya  que el potencial de ahorro en las redes de distribución urbana y agrícola de agua era elevadísimo; b) Que la mejora en la eficiencia del riego permitiría ahorrar cantidades ingentes de agua; y c) Que se ignoraba el enorme potencial de los acuíferos subterráneos para eliminar los trasvases.

Si tenemos en cuenta que la Orden 23128 de 24 de Septiembre de 1992,  https://www.boe.es/boe/dias/1992/10/16/pdfs/A35023-35026.pdf aprobada por el gobierno de Felipe González, aprobaba las “instrucciones y recomendaciones técnicas complementarias para la elaboración de los Planes Hidrológicos de Cuencas Intercomunitarias”, permitía en la práctica a las Confederaciones Hidrográficas no estimar los usos reales sino ‘imputar’ las cantidades que establecía la propia orden de manera desproporcionada, justificando así la ‘escasez’ y su ‘solución’ podremos entender el (falso) problema que se estaba generando y el problema  (real) que generábamos quienes tratábamos de realizar un diagnóstico honesto.

Tuvo que ser el espléndido periodista Carlos de Prada el que nos ayudara a entender, ¡¡¡¡en un artículo de una sola página!!!!  titulado ‘La dictadura de las constructoras’, que aunque ‘nuestro’ diagnóstico era correcto nos faltaba ver con claridad que eran las grandes constructoras las que decidían y fijaban la política hidrológica, es decir, las que decidían:

a) Cuál era el ‘problema oficial’ que los gobiernos tenían que repetir y defender.

b) Cuál era la ‘solución’ que había que aplicar, es decir, hacer más obras públicas con fondos públicos (aunque fueran innecesarias) pues había una clara conexión entre constructoras y partidos políticos. No hay que olvidar que el actual Comisario Europeo Arias Cañete, afirmó en el año 2000 que el Plan Hidrológico Nacional, con el trasvase del Ebro a la cabeza, “se iba a hacer por cojones”, mostrando con claridad  la vocación democrática de su gobierno, por si acaso teníamos dudas.

En definitiva, De Prada mostró claramente que lo de tratar de argumentar sobre usos, consumos, pérdidas físicas, eficiencia en los riegos, acuíferos subterráneos,…etc., estaba muy bien pero que necesitábamos entender, además,  que todo era una cuestión de poder y que estábamos bajo la dictadura de las constructoras a las que los gobiernos se sometían y cuyo poder disfrazaban mientras eran los gobiernos los que descalificaban como utópicas y poco realistas las propuestas razonables de la FNCA.

Esta trama gobierno-constructoras, a la que habría que añadir las eléctricas y bancos, entre otros, (ver el excelente libro de Ana Tudela titulado Crisis S.A.) se ha ido reforzando a nivel nacional, autonómico, insular y local. En el caso concreto del agua en Canarias, parece claro que cualquier propuesta razonable de resolver problemas reales se convierte, ella misma, en un serio problema, en una amenaza para aquellos que se benefician de que existan los problemas.

Un ejemplo de trabajo honesto e inteligente que ha generado propuestas razonables y viables, que resolverían serios problemas de ‘escasez’ de agua en El Hierro, La Gomera, La Palma y Lanzarote es el realizado por  Carlos Soler Liceras.

El ‘problema’ es que la resolución de estos ‘problemas locales’ genera otros ‘problemas’ para aquellos que se benefician de la existencia de los ‘problemas’ iniciales y que se afanan en mantenerlos. Por ejemplo, Carlos Soler ha resuelto el problema de la escasez física de agua en El Hierro con la galería del pozo de los Padrones, obra que ha recibido uno de los premios más prestigiosos de la ingeniería española, pero que actualmente solo se utiliza en un 30 por ciento porque, conociendo el potencial del acuífero al que accede la citada galería, se decidió construir plantas desaladoras de agua de mar.

 En La Gomera ha mostrado la existencia de un acuífero subterráneo con gran capacidad y calidad que sí se utiliza pero al que no se le ha permitido finalizar un plan adecuado de extracción.  En La Palma propuso la construcción de un túnel formado por dos galerías que se unirían en su parte alta, pero que accederían previamente al acuífero existente, solución que beneficiaría a toda la isla y que se paralizó.

Finalmente, en Lanzarote acaba de presentarse el resultado inicial de un sondeo que permite afirmar que hay agua subterránea en Timanfaya,  posiblemente en una cantidad importante y de gran calidad, cuyo potencial de extracción viable está por determinar, pero que colocaría a Lanzarote en una situación  de privilegio para empezar una adaptación seria ante el cambio climático que ya está aquí.

¿Se convertirá también el acuífero de Timanfaya en un problema  para los que insisten en mantener la desalación mientras, al mismo tiempo, se pierden casi 13 millones de metros cúbicos de agua desalada, el 53% del total en 2011, por el mal estado de las redes, como señala el Informe del Tribunal de Cuentas del Estado que fiscaliza la prestación del servicio entre 2007 y 2011?  (ver cuadro más abajo, tomado de la página 54 del citado Informe).

¿Se puede afirmar realmente que se pierde esa agua? ¿Y si no fuera realmente así? ¿Qué parte es pérdida y qué parte es fraude? ¿Cómo es posible que en una isla como Lanzarote ocurra esto con el agua y no haya responsables? ¿Se puede afirmar que eliminar las posibles pérdidas sería un problema que perjudicaría a alguien?

¿No es cierto que uno de los  principales problemas podría consistir en la disminución de la factura eléctrica que, ante las cifras actuales, es electricidad que se derrocha alegremente y que recibe generosas subvenciones? (más de 12 millones de euros incluyendo los más de 800.000 euros recibidos por el CAAL en 2012). (Ver cuadro 12, tomado de la página 40 del Informe del Tribunal de Cuentas).

¿Sería negativo ser eficiente en la gestión del agua y de la energía? ¿Podremos conocer con razonable certeza la situación del agua en Lanzarote? ¿Será posible “poner orden en casa” alguna vez? Esperemos que la profundización en el conocimiento del potencial del acuífero de Timanfaya vaya pareja a la profundización en el conocimiento de la gestión del agua en la isla y que resolver los problemas no se convierta en un nuevo problema. Aunque no resultaría descabellado que en un contexto de victimismo oficial el objetivo final del desgobierno del agua sea el de  recibir subvenciones.

 De hecho, la Confederación Canaria de Empresarios (CCE) se ha quejado recientemente de que “… los incentivos fiscales del Régimen Económico y Fiscal (REF) están "seriamente comprometidos" como consecuencia de las "dificultades técnicas" que impone el reglamento que desarrolla el fuero de la Comunidad Autónoma. …El departamento que dirige Rosa Dávila indicó, además, que algunas de las dificultades a las que hace referencia la CCE ya han sido subsanadas. Se trata, en concreto, del aumento de los límites máximos permitidos de acumulación de ayudas que se aplican a las empresas canarias que se acojan a los incentivos fiscales del REF. La Comisión Europea ha aceptado que la suma de las subvenciones se eleve del 10% o del 17,5% del volumen total de negocios del beneficiario hasta el 30%....Se trata de un asunto trascendental para Canarias, porque estos incentivos son indispensables para el desarrollo de la actividad y el empleo de nuestra tierra", advierte la CCE”. Así estamos.