La sentencia inicial fijaba en algo más de 20 millones de euros el pago que debía hacer el Ayuntamiento de Arrecife por la expropiación forzosa del solar frente a Ginory. Los intereses de demora elevaron esa cantidad hasta 27 millones. La cantidad total que se va a acabar pagando, sin embargo, está por determinar.

Los herederos de Aurora Fúster, propietaria del terreno, los hermanos Arrechea Fúster, rechazaron un auto del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número tres de Las Palmas que fijaba en casi 10 millones de euros los intereses a pagar, diferenciando entre algo más de cuatro millones por la demora y el resto por intereses procesales. Los propietarios piden 12 millones, cuatro y ocho según cada concepto, y el Ayuntamiento considera que deben de ser siete millones. La decisión está por llegar, pero en cualquier caso, aumentaría esa cantidad de 27 millones.

No es la única incertidumbre en un procedimiento que está lleno de vacíos. Nunca ha estado claro que los que dicen ser propietarios del terreno tuvieran el título de propiedad. El letrado que representaba al Ayuntamiento, Gervasio Martín, solicitó que, antes de pagar, los teóricos dueños debían aportar los certificados de propiedad que nunca han entregado, pero el Juzgado rechazó la petición. Nunca ha estado claro por qué la defensa del Ayuntamiento en el procedimiento principal, representado por el exsecretario Felipe Fernández Camero, no pidió algo tan básico.

No está claro, y ya será difícil de aclarar, cómo es posible que el terreno que se expropió mediante el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) esté formado por dos fincas que no son colindantes entre sí, y que una de ellas no figura en la realidad física donde debería estar, es decir, junto al mar. Además, un informe reciente de la nueva secretaria del Ayuntamiento de Arrecife concluye que el solar de Ginory es “inexpropiable” y pedía que se determine la “imposibilidad material y legal” de pagar por él. Tampoco se ha aclarado por qué el Ayuntamiento, en el año 2011, no recurrió la retasación del justiprecio de esa expropiación, cuando sí que había recurrido la tasación anterior.

Y hay más dudas. No está claro si está o no está vigente el plan de pagos que el Ayuntamiento y el Juzgado aprobaron en 2019, y si lo está, por qué se pidió un crédito de 27 millones para pagar. En las alegaciones contra los intereses que pide la propiedad, un informe de los servicios jurídicos municipales, del año pasado, sostiene que está completamente vigente ese plan de pagos. El caso es que los propietarios del terreno y el propio Juzgado consideran que el citado plan de pagos no tiene vigencia.

No está claro si está o no está vigente el plan de pagos del Ayuntamiento

El Ayuntamiento presentó un plan de pagos en 2018, que fue rechazado y otro en 2019 que fue aceptado, y que debía finalizar en diciembre de 2032. En base a ese plan, el Ayuntamiento ingresó casi seis millones entre ese año, con un primer pago de 1,2 millones de euros, y el año 2021.

Y el 31 de diciembre de 2021, ya con Astrid Pérez (PP) en la alcaldía, ingresó otros 20 millones gracias al crédito a 10 años que había pedido al BBVA, que debía destinar 22,4 millones al pago de Ginory y el resto a inversiones. Con ese pago y los adelantos tampoco se alcanzaba, aunque por poco, la cantidad adeudada. No se cancelaba la deuda. En definitiva, el total pagado es de 26.192.694 euros. Por otra parte, la primera cuota a pagar al banco, de las 120 mensualidades, se debe abonar el próximo mes de diciembre.

El plan de pagos, con los intereses incluidos, sumando las cuotas, acabaría por costar al Ayuntamiento 31,1 millones, mientras que, si la Justicia da la razón a los propietarios y su pretensión de cobrar 12 millones en intereses, el pago final será de casi 40 millones de euros. La cantidad principal fijada en 2011 era de 20 millones pero se convirtió en 27 en el año 2016 cuando la sentencia se hace firme, y como no se pagó de forma inmediata, los herederos siguen reclamando intereses. 

“Vacío de contenido”

Un auto del Juzgado de lo Contencioso número tres de Las Palmas, en ese procedimiento sobre los intereses, señala que tras el pago de la cantidad principal, “el plan de pagos aprobado por auto de fecha 23 de diciembre de 2019 ha quedado vacío de contenido”. El Juzgado fija dos cantidades de intereses: cuatro millones por los de demora y 5,5 millones de intereses procesales, y le da la razón a los propietarios en que hay que elevar el interés legal en dos puntos, aunque ahora hay que determinar desde qué fecha.

Los propietarios piden 12 millones y el plan de pagos de Arrecife es de 31 millones

Los propietarios, además de pedir que se fijen otros intereses tanto moratorios como procesales, consideran que quedan por pagar en concepto de liquidación otros 5,7 millones, mientras que el Ayuntamiento calcula que solo quedan 2,2 y que los 20 millones abonados en la Nochevieja de 2021 se deben considerar como un adelanto dentro del plan de pagos aprobado, aunque ese dinero está ingresado en una cuenta del Juzgado. Los servicios jurídicos municipales creen que la última cuota del plan de pagos debía haberse hecho en enero de 2023. Consideran que los intereses que quedan por abonar serían, como mucho, de siete millones.  

Promotora

No está nada mal una cantidad cercana a los 40 millones de euros para un suelo donde estaba la antigua fábrica de Las Nieves, que la empresa Litos Canarios compró por un valor de 57.200 pesetas. Esa promotora, de los Arrechea Fúster, compró terrenos en Canarias en los años setenta y construyó, entre otras cosas, la urbanización Casablanca en Las Palmas de Gran Canaria, pero en Arrecife nunca llegaron a hacer nada. 

El Ayuntamiento de Arrecife, probablemente, no podrá registrar nunca esa finca

El solar donde aparcan ahora los coches tiene unos 10.000 metros cuadrados, pero la esquina donde está el parque infantil, que es de la Autoridad Portuaria, ocupa más de 4.000 metros. El resto incluye también el paseo marítimo del Charco de San Ginés y el propio Charco. Un informe pericial encargado por el Ayuntamiento concluía que resulta “bastante extraño” que más de 50 años después de la agrupación siga viva en el Registro de la Propiedad una finca que “nada tiene que ver con la porción de suelo” junto al Charco de San Ginés.

El Ayuntamiento, probablemente, no podrá registrar nunca esa finca por la que va a pagar en cualquier caso más de 30 millones, porque no coincide el Registro con la realidad física, pero es que tampoco podrá usar la mayor parte. Casi todo el suelo se encuentra dentro de la servidumbre de protección marítimo terrestre, afectada por la Ley de Costas, que restringe bastante los usos permitidos.

El Plan General de Arrecife en vigor califica esa pieza de suelo como espacio libre de uso público. Aunque no hay ningún proyecto en firme, el nuevo grupo de gobierno ya ha deslizado que tiene la intención de asfaltar el terreno para que siga siendo  un aparcamiento, excepto en momentos puntuales cuando se celebren algunos eventos.