El Juzgado Mercantil número uno de Las Palmas ha perdonado una deuda de 77.332,40 euros a un matrimonio de Lanzarote cuya insolvencia se produjo al fracasar varios negocios que emprendieron, viéndose agravada a su vez por la subida de los intereses de los créditos solicitados y un mal asesoramiento de su entidad bancaria.

De este modo, el juez exonera 38.666 euros al hombre y 38.666 euros a la mujer, al aplicar la Ley de la Segunda Oportunidad.

Desde su llegada a España procedentes de Colombia la mujer trabajó en diferentes empresas del sector hostelero. En el año 2015 emprendió un proyecto personal como trabajadora autónoma en el ámbito textil durante algunos meses. "Me concedieron los préstamos sin tener una nómina fija y apenas ingresos", recuerda.

Sin embargo, el negocio no alcanzó la rentabilidad esperada, lo que le llevó a cerrar la empresa, pero se quedó con deudas derivadas de la inversión financiera realizada.

Por su parte, el hombre había trabajado como peón en diferentes empresas del sector de la construcción, pero los empleos que encontraba eran temporales, ya que al vivir en una zona muy turística le iban surgiendo ofertas laborales de manera puntual.

No obstante, durante los años en los que España sufrió la grave crisis inmobiliaria ésta afectó de manera directa al comienzo del declive económico financiero del núcleo familiar.

Además, en 2019, justo antes de comenzar la crisis que provocó la pandemia del coronavirus, el matrimonio tomó la decisión de abrir una cafetería, por lo que tuvo que pedir ayuda financiera a través de créditos personales, además de tener que adquirir un vehículo.

Pero con la llegada del Covid, dicho proyecto quedó frustrado y la mujer, que hasta ese momento también había trabajado por cuenta ajena de manera intermitente en el sector hostelero, perdió su empleó de forma repentina, quedándose de este modo sin trabajo de forma indefinida.

En este sentido, recuerda: "La empresa puso a los trabajadores en un ERTE y tan sólo teníamos una nómina de 400 euros, mientras que las cuotas de los préstamos y las tarjetas, más los intereses, ascendían a unos 1.000 euros mensuales, algo inasumible. Fue entonces cuando nuestra entidad bancaria empezó a hacer presión para que pagáramos, pero no podíamos".

A ello hubo que sumarle que el sector de la construcción también quedó paralizado, por lo que el hombre se encontró en una situación de desempleo. Esto provocó que las dificultades financieras de la pareja les llevaran a buscar ayuda en diferentes entidades bancarias para afrontar las deudas arrastradas por los fracasos de los dos negocios, así como para cubrir los gastos diarios familiares.

"Si no hubiera sido por nuestros hijos que nos estuvieron ayudando económicamente no hubiéramos tenido ni para comer"

"Encadenamos una racha muy mala de suerte, porque nos daba la sensación que allí donde metíamos la cabeza iba mal. Era para volverse loco. Incluso, nuestro banco nos dijo que para que no nos incluyeran en ficheros de morosidad firmáramos un nuevo préstamo a más tiempo para hacer frente a los anteriores, y aceptamos pensando que era la única solución", lamenta el matrimonio.

Por su parte, la abogada que ha llevado el caso y socia fundadora de Bergadà Abogados, Marta Bergadà, explica en un comunicado que, "nuevamente, nos encontramos ante un caso en el que una serie de infortunios afectaron de manera directa a un matrimonio”.

“Además, la entidad bancaria en la cual durante años habían depositado toda su confianza les dio una solución que no era correcta y, a su vez, un mal asesoramiento, complicando todavía más la compleja situación en la que se encontraban", apostilla.

En el 2022 iniciaron un nuevo proyecto en el sector de la construcción, concretamente en las reformas de viviendas, pero los ingresos generados inicialmente eran equivalentes al salario mínimo interprofesional. "Si no hubiera sido por nuestros hijos que nos estuvieron ayudando económicamente no hubiéramos tenido ni para comer", añaden.