La Comunidad Energética ‘El Sol de La Graciosa’ ha denunciado públicamente la tramitación de un nuevo deslinde del dominio público marítimo-terrestre en el entorno de Caleta del Sebo, que contempla una ampliación de la servidumbre de protección hasta los 100 metros.

La entidad considera que la medida, aún no aprobada, es “desproporcionada”, se ha impulsado sin información pública ni participación ciudadana, y pone en riesgo la continuidad del único núcleo poblacional de la isla.

Según explica la comunidad energética en un comunicado, esta propuesta de la Dirección General de la Costa y el Mar “se está tramitando de forma opaca”, sin proceso de consenso social ni debate institucional, y contradice el marco jurídico que durante décadas ha regulado la expansión de Caleta del Sebo.

El deslinde actualmente vigente establece una servidumbre menor. De acuerdo con la Ley de Costas de 1988, a los núcleos que eran urbanos cuando entró en vigor la ley les correspondía una servidumbre de protección de metros.

La ampliación a 100 metros tendría, según la entidad, efectos directos sobre el uso residencial y turístico del suelo urbano consolidado, impidiendo nuevos desarrollos y dificultando incluso la permanencia de viviendas existentes.

“Costas nos quiere quitar nuestras casas, que forman parte de la historia y la memoria de La Graciosa y del resto de municipios”, ha afirmado Nahum Cabrera, presidente de la Comunidad Energética. “Hacerlo así, de forma arbitraria y sin consenso, destruye la identidad de nuestra tierra”, ha añadido.

La organización recuerda que La Graciosa ya está sujeta a un alto grado de protección ambiental, al formar parte del Parque Natural del Archipiélago Chinijo. Además, señala que existe una “contradicción institucional” entre el Organismo Autónomo Parques Nacionales, que gestiona el territorio, y la Dirección General de Costas, que impone restricciones “que anulan el desarrollo del mismo pueblo que el Estado se obligó a contemplar”.

La entidad alerta de que la ampliación de la servidumbre de protección marítimo-terrestre en Caleta del Sebo se tramita sin información pública ni consenso, y exige una revisión urgente

En este sentido, el comunicado subraya que en 1965 una orden de la Dirección General de Patrimonio del Estado reservó expresamente una zona para la expansión del núcleo poblacional. Posteriormente, tanto el Plan Insular de Ordenación de Lanzarote (1991) como las Normas Subsidiarias de Planeamiento del municipio de Teguise (2003) han reconocido a Caleta del Sebo como suelo urbano consolidado, manteniendo las servidumbres preexistentes.

Asimismo, el Decreto de 2023 que aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Parque Natural del Archipiélago Chinijo y Famara define a Caleta del Sebo como un ámbito con usos residenciales, turísticos y de servicios “compatibles con los objetivos de conservación”.

“Precedente preocupante”

Desde la Comunidad Energética se advierte que la nueva delimitación no solo afectaría a la isla, sino que “podría sentar un precedente preocupante para otros núcleos costeros consolidados de Lanzarote”, como Punta Mujeres, Arrieta o La Santa, generando “un efecto dominó de inseguridad jurídica y social”.

Considera que la propuesta bloquea el desarrollo residencial y amenaza proyectos europeos de sostenibilidad

Además, la comunidad ha alertado del impacto negativo que tendría esta medida sobre dos proyectos europeos en marcha en la isla, orientados a fomentar la autonomía energética y la economía circular. Según denuncian, “se exige sostenibilidad mientras se anula, en la práctica, la posibilidad de residir, planificar y desarrollar el pueblo”.

La entidad critica también la paradoja de que, en virtud de la normativa, se podrían seguir prestando servicios comerciales dentro de la servidumbre, mientras se limita la posibilidad de vivir en la isla. “Un modelo que prioriza lo mercantil frente a la vida comunitaria y que vacía de sentido la protección ambiental”, subraya el comunicado.

Mociones urgentes

Ante esta situación, la Comunidad Energética ‘El Sol de La Graciosa’ anuncia que promoverá mociones urgentes en el Cabildo de Lanzarote y en el Ayuntamiento de Teguise, exigiendo una revisión exhaustiva y justificación técnica de la ampliación, así como un proceso de diálogo real y participativo. Reclama también un “compromiso institucional firme” con el futuro de La Graciosa, que permita conciliar protección ambiental y vida comunitaria.

“El futuro de La Graciosa no puede decidirse en despachos ni imponerse sin consenso. Protección y vida no están reñidas, pero solo si se actúa con sentido común, respeto a la norma y respeto a las personas”, concluye el comunicado.