El juicio contra los promotores de la urbanización La Bufona, que se iba a celebrar el próximo mes de septiembre, se ha pospuesto para el mes de noviembre. Las nuevas fechas que ha fijado el Juzgado de lo penal número 3 de Arrecife son los días 16, 17, 23 y 24 de noviembre.

Los acusados son el constructor Antonio Caro y el promotor Federico Echevarría, para los que la Fiscalía pide cuatro años de prisión por un delito contra la ordenación del territorio y otro de desobediencia, mientras que la acusación particular pide 15 y 11 años y suma los delitos de falsedad en documento público y estafa. Además, solicitan la demolición de las viviendas.

El caso se inició con una denuncia del Seprona hace 16 años por el inicio de las obras de esa urbanización, cuyo plan parcial está anulado por el Tribunal Supremo. Las obras se paralizaron en el año 2000 pero después se levantó el precinto.

Se construyeron 53 viviendas donde sólo podían levantar 30 y ocuparon una zona de suelo rústico de valor ecológico, además de excederse de los límites del plan parcial y de la superficie permitida para las casas.

La Agencia de protección del medio urbano y natural ha ordenado el derribo parcial de 14 chalés que ocupan suelo rústico y responsabiliza a los propietarios de las viviendas, que han recurrido esa decisión, de haber ampliado las casas.

Los propietarios de las viviendas, que compraron a los acusados, tendrán que declarar como testigos

Los propietarios de las viviendas, entre los que se encuentra el fiscal Miguel Pallarés, tendrán que declarar como testigos, al igual que las ex alcaldesas de Arrecife, Manuela Armas e Isabel Déniz, el ex secretario municipal Felipe Fernández Camero, los redactores del informe que presentó el Seprona y los propios denunciantes, la familia Murillo.

Además de estas irregularidades, las casas estuvieron omitidas de la base de datos del catastro durante años, sin pagar impuestos, tampoco se realizaron los accesos por carretera, que aún no se han llevado a cabo, y se vendió una parcela que debía ser expropiada por el Servicio de carreteras del Gobierno a una cadena de supermercados. Uno de los socios de la promotora era Francisco Carmona, encargado municipal del catastro, que también estuvo imputado hasta su fallecimiento.