Después de la denuncia de Carlos Espino ante la UCO, el primer papel, las primeras diligencias da la operación Unión, se registran el 5 de junio de 2008, pero el juez decide no volcarlo en el sistema Atlante, el sistema informático que utilizan los Juzgados en Canarias. Lo hace, como “cautela auxiliar”, para garantizar el secreto de la operación.

Hasta que se producen las detenciones, en mayo de 2009, además de los agentes de la UCO y de quien pone la denuncia, el caso sólo lo conocen el fiscal, el juez y el secretario. Pamparacuatro decide dejar Unión al margen de Atlante por las “circunstancias de arraigo, parentesco y amistad propias de una isla no capitalina que se daba y se da entre el personal y usuarios de la administración de justicia, en sus distintos ámbitos, cuerpos policiales, testigos, peritos e imputados”.

Además de porque en el partido judicial de Arrecife existe “un gran porcentaje de interinidad y por ende el constante nombramiento de funcionarios, jueces, y fiscales sustitutos”. En definitiva, había mucha gente que podría acceder y que podría tener alguna relación con los investigados.

Introduciendo el caso en Atlante, aunque estuviera secreto, hubiera aumentando el riesgo de filtraciones porque, según el juez, “se tiene constancia de la existencia de fallos, cuando menos, en su gestión y por ende que por personas no autorizadas se tuviera conocimiento del contenido de las diligencias”.

El 16 de febrero de 2011, con Pamparacuatro ya destinado en La Laguna y cuando se estaba tramitando la prórroga para que siguiera con el caso, el juez no estaba autorizado a acceder a las diligencias del caso Unión. Sin embargo, según una certificación de la secretaria de ese Juzgado, podía tener acceso tanto a esas diligencias como a otro Juzgado de Canarias del que ya no era su titular.

Esto probaría la “permeabilidad” del sistema Atlante. También destaca el juez en su denuncia el hecho de que Carolina Déniz (hermana de Isabel Déniz, detenida en la operación) fuera la juez titular del Juzgado número 5 de Arrecife, en el que se instruía Unión, hasta 2005, y que después fue Viceconsejera de Justicia, el órgano responsable de la gestión de Atlante.

"Todas las cautelas adoptadas se revelaron vanas e insuficientes", ya que hubo filtraciones a imputados

Ese mismo día en que la secretaria certifica que aún tiene acceso a las actuaciones, Pamparacuatro había recibido una llamada en su despacho de Joaquín Delgado, letrado de la Comisión de Modernización del Consejo General del Poder Judicial, en la que le pidió explicaciones de los motivos por los que no había usado Atlante, ya que podría haber incurrido en una grave infracción disciplinaria.

Según relata el juez, el letrado estaba especialmente interesado en conocer si tenía pruebas sobre la falta de seguridad del sistema informático. “Así, dándole una explicación verbal de las razones y descripción de las pruebas, debió de conformarse con las mismas puesto que a pesar de que me manifestó que me requeriría por escrito y en el acto un informe, no le debió de interesar su contenido dado que manifestándole vía email que ya lo tenía preparado  nunca se produjo esa solicitud”, relata el magistrado.

En la denuncia presentada por la sustracción de los autos originales, Pamparacuatro reconoce que “todas las cautelas adoptadas ser revelaron vanas e insuficientes” ya que han desaparecido autos y resoluciones originales, grabaciones esenciales para la causa y hubo filtraciones  a algunos detenidos advirtiéndoles de que les iban a detener.