El Gobierno de Canarias rechaza anular el parque eólico público de San Bartolomé
El Ejecutivo desestima la revisión impulsada por la empresa privada Renovertis y concluye que no concurre causa de nulidad en la autorización del proyecto
El Gobierno de Canarias ha rechazado la solicitud de revisión de oficio presentada por la empresa Renovertis para anular la autorización del parque eólico San Bartolomé, en Lanzarote, al concluir que no concurren causas de nulidad en el procedimiento administrativo del proyecto promovido por la empresa pública INALSA.
El Ejecutivo autonómico aprobó un Decreto este pasado 18 de mayo por el que desestima la revisión solicitada sobre la resolución de 2018 que acordó la ejecución del parque eólico de 9,2 megavatios y la modificación del planeamiento afectado.
La revisión había sido impulsada por la empresa privada Renovertis, que sostenía que el proyecto había sido autorizado “prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido” al no someterse a evaluación de impacto ambiental ordinaria.
Sin embargo, el Gobierno canario concluye que el parque quedó excluido legalmente de ese trámite mediante un Decreto de 2015, que apartó a determinados parques eólicos del procedimiento ordinario de evaluación ambiental y los sometió a condicionantes específicos.
Una compañía que vio cómo se declaraba “ambientalmente inviable” su parque eólico en Las Caletas trató de torpedear el parque público de INALSA
El decreto sobre el parque eólico público San Bartolomé señala además que el proyecto fue expresamente incluido en el anexo de esa norma y sometido a condicionantes ambientales específicos.
El Ejecutivo autonómico también rechaza la alegación de trato desigual planteada por Renovertis respecto a otro parque eólico promovido por esa mercantil, al considerar que ambos expedientes estaban sometidos a regímenes ambientales distintos.
Cabe destacar que la empresa Renovertis había solicitado un parque eólico de dos aerogeneradores en Las Caletas, que primero recibió la declaración de utilidad pública del Gobierno en la pasada legislatura, con la oposición del Cabildo, pero luego se anuló la autorización por ser “ambientalmente inviable”.
El decreto recoge igualmente que la Orden de 2024, dictada por el entonces consejero de Transición Ecológica y Energía, José Antonio Valbuena, para iniciar la revisión de oficio, presentaba “un vicio de anulabilidad por incompetencia jerárquica no determinante de nulidad”, por lo que el Gobierno acuerda ahora su convalidación y la conservación de los actos y trámites ya realizados.
Durante la tramitación, Renovertis solicitó además la paralización de las obras y que no se autorizara la puesta en servicio del parque, mientras que INALSA defendió la legalidad del procedimiento y sostuvo que las obras ya estaban terminadas.


















Añadir nuevo comentario