La Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias se ha dirigido a la Gerencia Regional del Catastro de Las Palmas para inscribir a su nombre las superficies que expropió en el plan parcial La Bufona en los años ochenta para desdoblar la carretera LZ-2.

El Gobierno expropió y pagó esos terrenos pero no los inscribió su nombre. La promotora Brisa Inversiones sigue apareciendo como la propietaria de ese suelo, de más de 8.000 metros cuadrados e incluso vendió una parte de suelo a un tercero. El acceso la urbanización nunca se ejecutó y se sigue entrando por la urbanización El Cable. 

En el año 2015, el Diputado del Común, tras las queja del denunciante del caso La Bufona y propietario de terrenos en ese plan parcial, Gonzalo Murillo, instó al Gobierno a que inscribiera los terrenos a su nombre.

En septiembre de 2015, el Gobierno respondió que iba a proceder a esa inscripción pero no lo ha hizo. El Diputado del Común realizó un seguimiento de la petición y volvió a instar al Gobierno a que lo hiciera.

La inscripción en el catastro es un paso previo a la inscripción en el Registro de la propiedad. Si el Gobierno tiene que registrar a su nombre ese suelo, se deberá dejar sin efecto la agrupación de fincas que dieron lugar a la finca de la que se expropió este suelo, y con la que se desarrolló el plan parcial La Bufona. 

Los promotores del pan parcial, Federico Echevarría y Antonio Caro, fueron condenados por el Juzgado de lo penal número 3 de Arrecife a seis meses de prisión  por un delito contra la ordenación del territorio.