El fiscal superior de Canarias, Vicente Garrido, pide en su escrito de acusación contra Juan Pedro Hernández, ex alcalde de Teguise y actual diputado autonómico, nueve años de inhabilitación por el caso Yate, en el que se investiga la concesión de licencias ilegales a hoteles tanto en Yaiza como en Teguise.

Al estar aforado por su condición de parlamentario, es la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) la que está tramitando la causa de las licencias ilegales a hoteles otorgadas por el ex alcalde de Teguise.

El fiscal Vicente Garrido ha pedido que se imponga a Juan Pedro Hernández “nueve años de inhabilitación especial para todo empleo o cargo público en la Administración autonómica, local o del Estado” por un delito continuado de prevaricación. Así, entiende que el ex alcalde otorgó licencias ilegales a sabiendas.

En la investigación judicial, que se inició en 2006, se considera que Juan Pedro Hernández es el responsable de las licencias que dieron vía libre a los permisos de construcción para 1.786 plazas turísticas ilegales en Costa Teguise.

Hernández, que fue alcalde de La Villa entre 1991 y 2007, ya fue condenado por prevaricación en noviembre de 2012 por el TSJC por la concesión ilegal de una licencia en 1999 para ampliar una vivienda en Tahíche y otra para construir una casa en Muñique a sabiendas de que se trataba de suelos rústicos y a pesar de haber sido advertido por los técnicos municipales.

Por ese caso, Juan Pedro Hernández fue condenado a no poder desempeñar el cargo de alcalde o concejal durante 25 meses y medio, lo que no le afectó a su cargo de diputado autonómico. Ahora, la inhabilitación que pide la Fiscalía se extiende a “todo empleo o cargo público”. Al margen de la política, Hernández es maestro de escuela.

Cuatro años de cárcel

En la calificación que ha efectuado la acusación popular en el caso, que se originó por una denuncia del socialista Carlos Espino, se considera que el ex alcalde cometió dos delitos de prevaricación continuada y se pide una condena de cuatro años de prisión, así como 20 años de inhabilitación para empleo o cargo público.

La acusación lo considera “criminalmente responsable” del otorgamiento de cuatro permisos ilegales para construir hoteles, otorgados en el año 1999 y que recibieron sus correspondientes prórrogas, concedidas en 2001.

Además, destaca que Hernández permitió con un “plan preconcebido” la concesión “masiva de licencias” ilegales que alteró la realidad urbanística de Teguise “sin otra base legal que su capricho, causando un grave daño al desarrollo sostenible de su municipio”, propiciando un “urbanismo salvaje”.

Esqueleto de uno de los hoteles ilegales autorizados por Juan Pedro Hernández.

Pendientes de juicio

Tras la presentación de los escritos de acusación y de defensa, el siguiente paso es fijar la celebración del juicio. Como en la actualidad Hernández es aforado al ser diputado autonómico por Coalición Canaria, si se cumple ese trámite antes de que deje de ser parlamentario es más que probable que sea el TSJC quien lo juzgue, según indicaron fuentes próximas al procedimiento. En caso contrario, las actuaciones se devolverían al Juzgado de Arrecife.

Plazas turísticas ilegales

Hernández se sentará en el banquillo de los acusados por las licencias que dio para 599 plazas de un hotel de la empresa Armadores de Puerto Rico y las 461 de los apartamentos Club del Rey, ambos complejos próximos a la residencia real de La Mareta.

También se le enjuiciará por la licencia de un hotel de 600 plazas al lado del hotel Playa Verde y por 48 apartamentos de Residencial Las Colinas. Todas estas licencias fueron anuladas por los tribunales por recursos presentados por el Cabildo y la Fundación César Manrique.