El fiscal Javier Ródenas ha solicitado este martes al tribunal del caso Unión condenas para los acusados implicados en lo que definió como la “historia negra” y “corrupta” que asoló al Ayuntamiento de Arrecife.

En la presentación de sus conclusiones, el Ministerio Fiscal ha pedido que la sentencia “grabe” en la historia que durante años el Ayuntamiento estuvo sometido a una “asociación para delinquir” a costa del dinero público.

La Fiscalía ya había adelantado en la última sesión su escrito definitivo de acusación, con rebajas para algunos acusados que reconocieron los hechos durante el juicio y el aumento de la petición de pena para el exconcejal Antonio Machín, que se eleva a 14 años y cinco meses de prisión.

El principal acusado de esta pieza principal del caso Unión es Dimas Martín, para el que el Ministerio Fiscal pide una condena de 17 años de cárcel. El fiscal destacó su ascendencia sobre los concejales del PIL, que tenían “las llaves de todas las cajas fuertes” del Ayuntamiento capitalino.

Además, el fiscal resaltó que, con Dimas Martín encabezando una “asociación para delinquir”, el procedimiento administrativo del Ayuntamiento estaba “controlado” desde la cárcel de Tahíche, en la que el fundador del PIL cumplía pena de prisión por el caso del Complejo Agroindustrial cuando fue detenido en su celda en 2009.

El fiscal subrayó en su última intervención que “nada se hacía sin autorización de Dimas” en las concejalías que controlaba el PIL, como los pagos a proveedores o la contratación de obras, por las que se exigía el pago de comisiones, como han reconocido varios de los acusados.

Para la Fiscalía, en el juicio ha quedado claro que Dimas Martín era el “jefe” de una trama para el cobro de comisiones en el Ayuntamiento capitalino, adjudicando obras a dedo a cambio de 'mordidas' que rondaban el 10 por ciento o bloqueando pagos pendientes en lo que el fiscal definió como un proceder que rayaba con la “extorsión”.

El fiscal afirmó que el Ayuntamiento de Arrecife fue "rehén de una prosperidad de casino” en la que solo ganaba Dimas Martín, al que los concejales del PIL profesaban una “obediencia debida” y prácticamente “sumisión”, a pesar de que se encontraba inhabilitado por corrupción y cumpliendo pena de prisión.

En su intervención, el fiscal recordó, como el “colmo” del modo de actuar del “todopoderoso” Dimas Martín cuando le ofreció trabajo en el Ayuntamiento al director de la prisión de la que era interno.

Además, recalcó que las declaraciones de confesión de los acusados están “corroboradas” con numerosos datos recabados durante la instrucción del caso y añadió que en las llamadas interceptadas existen “diálogos incriminatorios evidentes”.

Adhesión del Ayuntamiento de Arrecife

La representación del Ayuntamiento de Arrecife, que ejerce la acusación particular, se ha adherido al escrito de acusación de la Fiscalía, salvo en lo relativo al empresario Juan Francisco Rosa, al que se le enjuicia por una presunta falsedad en la contratación de Dimas Martín para que el fundador del PIL pudiese obtener el tercer grado penitenciario. También Transparencia Urbanística, que ejerce la acusación popular, se ha adherido al escrito de acusación de la Fiscalía.

En las sesiones previstas para el miércoles y el jueves está previsto que intervengan los abogados de las defensas, salvo el de Rosa, que presentó las conclusiones este martes y pidió la libre absolución del acusado.