Las declaraciones de dos investigados (lo que antes se conocía como imputados) y de tres testigos en el caso Inalsa se realizarán finalmente el próximo 15 de junio ante el Juzgado de instrucción número 4 de Arrecife. Estas declaraciones se tuvieron que aplazar el mes pasado porque el abogado de uno de los imputados tenía otra comparecencia ese mismo día.

Están citados a declarar el que fuera consejero delegado de la empresa de aguas entre 2005 y 2007, Mario Pérez (CC), que actualmente es Director insular de Educación, y el ex gerente de la empresa, como investigados.

Como testigos tendrán que declarar los administradores concursales de Inalsa, Pedro Martín Toledo, Pedro de la Vega y Matías Hernández, en cuyos informes, que hablan de graves irregularidades contables, se basa la Fiscalía para solicitar estas comparecencias.

Durante el mandato de Mario Pérez se incumplió el contrato con la UTE Edam Janubio y se dictó el laudo que obligaba a Inalsa a pagar doce millones de euros. Pérez también puso en marcha un Gabinete de crisis e inició un Plan de inversiones y de saneamiento que no se culminaron. La Fiscalía considera que las irregularidades contables en los años 2006, 2007 y 2008 son un hecho objetivo.

Ya son cuatro las personas investigadas en este caso, tras la citación de otra consejera delegada y otro gerente: Plácida Guerra (PIL) y Rafael Elorrieta. La defensa de Elorrieta ha recurrido en dos ocasiones la imputación de su defendido y en las dos se le ha rechazado.

El Juzgado le interrogará por su posible responsabilidad en las irregularidades contables en la empresa de aguas durante su gestión como consejero

En el último escrito de Fiscalía se señala que “el informe de la Administración concursal era claro a la hora de fijar como arco temporal en que se cometieron numerosas irregularidades contables el periodo en que Rafael Elorrieta sí tenía esas facultades que el artículo 44 de los Estatutos de Inalsa le atribuían, entre otras, las de ordenación de los pagos de la sociedad, y que son los relativos a los ejercicios 2007, 2008 y 2009, irregularidades cuya relevancia penal o no, se trata de determinar con esta instrucción”.

El caso, que fue denunciado por Alternativa Ciudadana, se centra en investigar irregularidades en ese periodo tanto en la facturación como en el cobro de clientes, las inversiones en reparaciones, las modificaciones de tarifas, así como los traspasos monetarios entre la empresa y el Consorcio insular de aguas desde el año 2006, incluyendo el traspaso de la deuda para hacer posible la privatización de la empresa y su adjudicación a Canal Gestión.