El equipo redactor del anteproyecto de la ley del suelo no ha conseguido durante su comparecencia en el Parlamento limar las reticencias que los grupos de Podemos y Nueva Canarias (NC) tienen hacia el texto que el Gobierno quiere presentar para su debate y aprobación antes del verano.

Así, Luis Campos, aunque agradeció las explicaciones, recordó que las mismas eran "extemporáneas", toda vez que "estamos hablando del anteproyecto, ni siquiera del proyecto que aprobará el Gobierno después del período de alegaciones, y que puede cambiar sustancialmente".

Además, insistió en que las discrepancias al texto "serán eminentemente políticas", como por ejemplo la  derogación de las directrices y "la renuncia de la Comunidad Autónoma a sus competencias en la ordenación del territorio y de los espacios naturales" al devaluar la Cotmac.

Más dura en sus críticas fue la diputada de Podemos Asunción Delgado, para quien el texto es claramente "urbanista", pues no ha sido elaborado por un "equipo biodiverso y con la participación de la ciudadanía".

"Puede haber un abuso de poder al saltarse la planificación y se va generar un caos jurídico, porque se pasa de un urbanismo de planificación a uno de proyectos que generará una burbuja especulativa que echará a la gente de los espacios rurales", insistió Delgado.

Francisco Villar, que ha ejercido como portavoz del equipo redactor ante la Comisión de Política Territorial del Parlamento de Canarias ha asegurado que había que modernizar una  legislación muy compleja, que no delimita las funciones insulares y municipales e impide la adaptación a la nueva realidad.

"La legislación vigente es un entramado normativo que es una carga injustificada para empresas y ciudadanos", afirmó antes de recordar que el nuevo texto incluye parte de las tres leyes a las que sustituye.

Para demostrar esa mayor agilidad, afirmó que se sustituyen las licencias municipales de obra en el interior de las viviendas por una comunicación y se autorizan actuaciones en suelo rústico que antes requerían permisos y se incorpora el principio de compensar por conservar.

En cuanto al planeamiento, aunque se mantiene la capacidad del Gobierno de Canarias de dictar directrices de ordenación, estas tendrán carácter de decreto, y negó que el texto  suponga que la Comunidad Autónoma renuncie a sus competencias sobre el territorio, pues quedarán definidas por el Parlamento.

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