El Cabildo de Lanzarote aprobó este lunes, en Consejo de Gobierno, la autorización turística del Hotel Papagayo Arena, cuya licencia de obras fue anulada por la Justicia en 2007 y ocupa un vial público de acceso al litoral, en la costa de Las Coloradas.

En declaraciones a Diario de Lanzarote, el consejero de Política Territorial, Jesús Machín, aclaró que el Cabildo estaba obligado a resolver el procedimiento de la autorización turística: “Nos llegó una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en la que nos dice que tenemos que pronunciarnos”.

Machín destacó que el tribunal reprochaba la “actitud” del anterior grupo de gobierno, presidido por Dolores Corujo (PSOE), por la dilación en resolver el expediente de la autorización turística, que se inició en el año 2020 y se ha venido a culminar cuatro años después.

El consejero de Política Territorial insistió en que el Cabildo “no tiene competencias urbanísticas ni de legalización de obras”, por lo que su papel en los trámites de regularización del Papagayo Arena se reducen a comprobar si el proyecto “cumple con la legislación turística”.

Pese a que la Corporación insular ha obviado “toda la normativa urbanística” en el análisis del permiso turístico al polémico hotel, sí que ha advertido de cara al proceso para determinar si cabe la regularización del establecimiento “que debe tener informe favorable del Ayuntamiento de Yaiza y de Costas”.

Machín, sobre el hotel: “Si alguien lo tiene que legalizar es el Ayuntamiento y su Oficina Técnica, con Costas, si concluyen que está bien urbanísticamente, que no lo creo”

Precisamente, tras la aprobación de un nuevo deslinde y zona de servidumbre de protección en Playa Blanca por parte del Ministerio para la Transición Ecológica, el Cabildo ha solicitado al Ayuntamiento sureño un nuevo informe al respecto de su incidencia en el caso del Papagayo Arena.

Machín afirmó que el Cabildo es el que “menos opina” en vía administrativa. “Si alguien lo tiene que legalizar es el Ayuntamiento y su Oficina Técnica, con Costas, si concluyen que está bien urbanísticamente, que no lo creo”.

La Corporación insular sí ha recibido avisos sobre la obligación de resolver el expediente de la autorización turística: “Tenemos la advertencia judicial de que si no resolvemos estamos retrasando el procedimiento y podemos prevaricar”.