Este mes de abril se cumplen cinco años de la aprobación del documento definitivo del Plan General de Ordenación (PGO) de Yaiza. Tiempo suficiente para que los promotores culminaran las obras de urbanización necesarias y que los diferentes planes parciales pudiesen ser asumidos por el Ayuntamiento. Sin embargo, la realidad es bien distinta.

El Ayuntamiento se ha tenido que dirigir a los promotores de urbanizaciones como el plan parcial Playa Blanca o el plan parcial Costa Papagayo para requerirles de forma urgente que actúen en el plazo de un mes, o de lo contrario se iniciará el trámite de “ejecución forzosa”.

En el caso del plan parcial Playa Blanca, que fue anulado en firme por los tribunales, junto a los centenares de viviendas construidas, la situación es más que compleja. En el Plan General se incorporó una parcela hotelera, que no estaba prevista con anterioridad, y en el convenio urbanístico se recogió que la empresa propietaria asumiría obras de urbanización pendientes.

Aquella empresa, Nova Maexpa, ya no existe como tal: se fusionó con otras del grupo inmobiliario Mahía y ahora la sociedad responsable se llama Mavieira, que aparecía en la lista de morosos de Hacienda con una deuda de 9,5 millones. Además el Tribunal Supremo la condenó a pagar un millón de euros por una deuda tributaria.

Aunque desconocido en Lanzarote, el grupo ha estado envuelto en la polémica en Galicia: llegó a ser la inmobiliaria más potente de la comunidad autónoma tras Martinsa Fadesa, pero cayó en picado. El que era su administrador, Ramón López Casal, se tiene que enfrentar a un juicio -fue suspendido en octubre al renunciar a su defensa- en el que la Fiscalía le pide 12 años de prisión por desviar el negocio de la inmobiliaria a otras empresas en las que no figuran el resto de socios.

López Casal ya fue condenado por inductor a la prevaricación y cohecho por sobornar a un alcalde de un pueblo de la provincia de Valladolid para que favoreciese la expansión de su grupo empresarial.

A la citada empresa el Ayuntamiento de Yaiza le exige, junto a la comunidad de propietarios de una de las dos unidades de actuación en las que se dividió el antiguo plan Playa Blanca, que complete las obras de urbanización “que restan por ejecutar” hasta “su completa culminación”.

En concreto, reclama la “reposición y puesta en funcionamiento del alumbrado público” de parte del plan Playa Blanca en el plazo de un mes, con obras valoradas en más de 77.000 euros. En caso contrario ejecutaría un aval para cubrir parte del gasto. También queda pendiente la ejecución de la red de saneamiento, que el Ayuntamiento deja para otro procedimiento.

El empresario Juan Francisco Rosa.

Incumplimiento en Costa Papagayo

En cuanto al plan Costa Papagayo, “quedan por realizar bordillos, pavimentos de acera” o la totalidad de la misma. En la parte norte de la urbanización falta la señalización vial así como la capa de asfalto.

El coste de las obras asciende a 221.000 euros y el Ayuntamiento ha requerido a las mercantiles Lanzarote Sur y a Salmepa, vinculada al empresario Juan Francisco Rosa, así como a la entidad urbanística de conservación para que ejecuten los trabajos.