El alcalde de Arrecife, Yonathan de León, afirmó este viernes que tuvo conocimiento en septiembre de una “posible irregularidad en la tramitación de las multas” en el Ayuntamiento y defendió que su actuación se ha guiado por la “total transparencia” tras trasladar el caso a la Fiscalía.

El regidor explicó que, tras detectar esa posible situación, dictó una providencia para la apertura de diligencias reservadas y solicitó informes a distintos departamentos municipales y a la empresa adjudicataria encargada del aplicativo de multas.

El Ayuntamiento abrió una investigación interna en septiembre y trasladó los hechos a la Fiscalía

Según detalló, la investigación interna incluyó requerimientos al Departamento de la Policía Local, al área de Infracciones y a la empresa responsable del sistema de gestión de sanciones, con el objetivo de analizar la tramitación de las multas.

El alcalde señaló que, tras la elaboración de los informes y los emitidos por la Secretaría municipal, se detectó la anulación de “aproximadamente más de 2.000 multas”, con una cuantía que ronda los 570.000 euros, en expedientes que “abarcan desde 2016 o 2017 hasta el día de hoy”.

De León indicó que, una vez conocidos estos datos, el Ayuntamiento trasladó la información a la asesoría jurídica y posteriormente a la Fiscalía para que actuara. Añadió que el Ministerio Público solicitó acceso a los expedientes y apreció la posible existencia de delitos.

En ese sentido, la Fiscalía investiga posibles delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos y falsedad documental en las multas canceladas de la Policía Local.

El alcalde señaló que los expedientes que se están investigando “abarcan desde 2016 o 2017 hasta el día de hoy”

El alcalde incidió en que se ha presentado una querella contra siete funcionarios que, según indicó, serían responsables o tendrían acceso al aplicativo de multas.

Asimismo, explicó que él mismo comparecerá como testigo en el procedimiento judicial al haber sido quien puso en conocimiento de la Fiscalía los hechos detectados en el seno del Ayuntamiento.

De León insistió en que su actuación responde a la defensa del interés público y a la obligación de trasladar a la justicia cualquier posible irregularidad. “Por lo tanto, total transparencia” y que la Justicia “determine lo que considere”, afirmó.

El regidor añadió en declaraciones tras el pleno que, debido a la existencia de una investigación judicial en curso, no puede ampliar detalles sobre el caso.