La última promesa, poco antes de las elecciones municipales, fue clara: “Las viviendas de Valterra estarán muy pronto en manos de sus legítimos propietarios”. Lo dijo la entonces presidenta del Cabildo, Dolores Corujo, pocos días antes de las elecciones en una asamblea celebrada con los vecinos, después de firmar ante notario la recepción de las escrituras a favor del Cabildo para su posterior inscripción en el Registro de la Propiedad y en el Catastro.

El proceso para trasladar desde el Instituto Social de la Marina las escrituras de las 70 viviendas de este barrio, que aún no están en poder de sus propietarios, está en su recta final, pero aún necesita un impulso. El Cabildo ya es el titular de las viviendas, pero solo de manera temporal. Esa titularidad es de paso. Está obligado por ley a traspasar la titularidad de las casas a los propietarios o a sus herederos, que es el caso de la mayoría, ya que las viviendas son de finales de los años cincuenta y sesenta.

El portavoz y expresidente de la asociación de vecinos, Antonio Betancort, recuerda que el nuevo presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, afirmó en una radio que iba a hablar con los vecinos “uno por uno”, pero señala que aún no se han producido esos encuentros.

Varios miembros de la asociación sí que se han reunido con el nuevo consejero de Presidencia y Vivienda del Cabildo, Miguel Ángel Jiménez, pero la Corporación no ha convocado a los vecinos ni ha conformado la Mesa Técnica de Gestión que se debe formar para hacer el traspaso.

El anterior grupo de gobierno del Cabildo y la asociación de vecinos habían acordado la creación de una mesa de este tipo formada por un aparejador, un jurista y el apoyo de un psicólogo.

Antes del traspaso, los vecinos, en el caso de que existan varios herederos, deben indicar a qué persona se le transmitirá la propiedad por parte del Cabildo. La asociación señala que ya advirtió a los vecinos que deben solucionar antes los posibles problemas de herencia.

“Los propietarios deben ponerse de acuerdo primero entre ellos, y ellos ya lo saben, porque solo uno debe ser el firmante, el albacea”, señala Betancort. Se puede firmar una declaración de herederos o contratos privados. “No debería haber ningún problema”, asegura el portavoz de la asociación.

El anterior grupo de gobierno señaló que se abriría un procedimiento para que las personas interesadas presentaran su solicitud “y la documentación que se determine por un plazo de un mes”. Con esas solicitudes se estudiarán todos los casos y se aprobará una lista provisional que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas.

“El último paso consistirá en la aprobación de la lista definitiva y los trámites para su transmisión ante notario y posterior inscripción en el Registro. El Cabildo tiene pensado articular ayudas para los gastos derivados de la transmisión”. Esto es lo que tenía previsto la anterior corporación.

Historia

El Instituto Social de La Marina comenzó a construir 200 viviendas en 1955 en un terreno entonces alejado del centro de Arrecife pero cercano a Puerto Naos, que se acabó llamando Marqués de Valterra.

El Ayuntamiento de Arrecife fue el que donó el suelo. En la construcción participaron las distintas conserveras que estaban instaladas en la ciudad, ya que las viviendas, de protección oficial, iban destinadas a sus trabajadores. Las financiaron tres empresas conserveras con el compromiso de que pasaran a los inquilinos después de un tiempo y unas condiciones de pago determinadas.

Pero después, dos de esas conserveras, Garavilla y Rocar, pleitearon para quedarse con algunas de esas viviendas, mientras que la tercera, Ojeda, no lo hizo. Los vecinos y vecinas han vivido con el temor a ser desalojados y sin poder intervenir en las casas.

El pleito fue favorable al Instituto Social de la Marina, que después tenía que traspasar la titularidad a los vecinos. De las 200 viviendas, ya solo quedan 70 por pasar a sus propietarios legítimos. De esas 70, 40 eran de Garavilla, 10 de Ojeda (Conserveras Canarias) y 20 de Rocar.

De las setenta casas, cuarenta se encuentran en la calle Clavijo y Fajardo, diez en Benito Pérez Armas y otras veinte en la calle Adolfo Topham Martinón. Algunas tienen 53 metros cuadrados, otras 62 y otras más de setenta.

La valija con las escrituras de las casas llegó al Cabildo dos días después de que tomara posesión la nueva corporación. La hoja de ruta ya no está tan clara. El consejero Miguel Ángel Jiménez señala que no sabe lo que prometió Corujo pero sí sabe cuál es su ruta de trabajo y que “no es tan fácil como parece”.

Dice que la asociación se comprometió a aportar durante el mes de septiembre la documentación necesaria para saber quiénes son los propietarios de las casas, y que el Cabildo está “a expensas” de que les entreguen esos datos. “Hasta entonces estamos en un compás de espera y poco podemos hacer hasta que no nos llegue la documentación”, dice.

Antonio Betancort, portavoz de la asociación de vecinos de Valterra. Foto: Gerson Díaz.

El Cabildo tiene de plazo hasta junio de 2024 para culminar el proceso

Sin embargo, la asociación tiene otra versión. Aseguran que no pueden entregar una documentación privada de forma indiscriminada y que se ofrecieron a aportarla en función de lo que fuera pidiendo el Cabido, y no al revés.

Recuerdan que la Corporación insular no puede quedarse con las escrituras y es quien debe dar el primer paso creando esa Mesa de Gestión. “La pelota está en el tejado del Cabildo”, señala Betancort, que considera que es esta institución la que debe iniciar el trabajo y no esperar a que se lo haga la asociación.

El colectivo vecinal también reconoce que puede haber alguna dificultad por los herederos, pero insiste en que los propietarios ya saben que deben presentarse como un solo heredero y resolver antes sus problemas.

Además, hay algunos okupas en varias viviendas y una señora que cuidaba a una mujer que murió y tampoco abandona la casa. El desahucio deben instarlo los propietarios, y la asociación considera que el Cabido podría facilitar un documento para que esas personas puedan iniciar los trámites como legítimos propietarios.

Un año de plazo

En el pasado mandato, el Cabildo de Lanzarote aprobó en pleno por unanimidad la transmisión de la titularidad. El 15 de junio se aprobó de manera definitiva, con la publicación en el BOE, la nueva Ley de Vivienda.

Su disposición adicional segunda está dedicada a estas casas. Se trata de la autorización al Instituto de la Marina para que done al Cabildo las viviendas y que este, a su vez, en el plazo de un año, las entregue a los propietarios.

La propiedad es un punto de partida, pero sigue habiendo un problema de fondo. Las casas tienen más de sesenta años y arrastran deficiencias. Además, hay algunos inmuebles abandonados o inhabitados y se deterioran rápido. Algunas están apuntaladas y su estado afecta a las colindantes. Las viviendas no tienen cimentación y están unidas por el techo.

Algunos residentes han aumentado la superficie construyendo una habitación en la azotea, cuando los edificios no están preparados para ese peso. Los vecinos de abajo han tenido que reforzar las casas con vigas de hierro.

Hace más de diez años se inició el Área de Renovación Urbana (ARU). Se aprobó esa calificación y se consiguió una partida económica, de más de un millón de euros, que se fue prorrogando, pero que finalmente se devolvió sin haberse usado.