Los dos primeros años de mandato se han esfumado. De las promesas lanzadas hace 24 meses –“acabar con los años perdidos en inversiones y planificación territorial” en el Cabildo o “reconstruir Arrecife” en el Ayuntamiento capitalino- se ha pasado prácticamente al silencio. La crisis provocada por la pandemia ha puesto contra las cuerdas a la economía de Lanzarote, mientras que las principales instituciones de la Isla han preferido evitar hacer balance de la primera mitad del trayecto hasta las elecciones de 2023.

Sin respuesta al naufragio. En los últimos meses, el desempleo en la Isla se ha ido aproximando al techo de los 20.000 parados. Son cifras nunca vistas: los efectos de la anterior crisis, que explotó en 2008, se prolongaron hasta cuatro años después, cuando se superaron los 17.000 parados, el tope máximo hasta que el coronavirus frenó en seco el turismo, sobre el que pivota la economía lanzaroteña.

A pesar de la paulatina reapertura del sector este verano, se da por hecho que será imposible reactivar a corto plazo a los más de 21.000 trabajadores que había, según el último dato oficial, en Expediente de regulación temporal de empleo (ERTE). En mayo de 2020, cuando ya se había desencadenado la pandemia, Lanzarote fue la isla donde más aumentó el desempleo (un 55,5 por ciento), más del doble de la media regional. En mayo de este año, el paro ha vuelto a aumentar un 15,5 por ciento en comparación con el mismo mes del ejercicio pasado, también más del doble de la media de Canarias.

Pese a la crudeza de la crisis en Lanzarote, la isla más azotada por el parón económico, la respuesta institucional ha sido tibia. Hace menos de tres meses se pretendió aprobar en el Parlamento una iniciativa abanderada por la presidenta del Cabildo, Dolores Corujo, para que el Gobierno elaborase “planes específicos de recuperación” de Lanzarote y Fuerteventura. Se terminó desfigurando el acuerdo, por la maniobra del vicepresidente y consejero de Hacienda de Nueva Canarias, Román Rodríguez, para que esos planes fueran para todas las islas. A mediados de mayo, Rodríguez fue interpelado en el Parlamento y esquivó fijar plazos concretos. Al final, ese café para todos corre el riesgo de convertirse en una más de las iniciativas que se aprueban en la Cámara autonómica, ocupan espacio en el Boletín oficial pero nunca se ejecutan.

Antes de las elecciones ya se arrastraba un déficit inversor y falta de vivienda

Ya sucedió algo parecido en el momento de mayor incertidumbre de la pandemia: hace un año, Corujo exige de manera “irrenunciable” un “anexo oriental” en el denominado Plan de Reactivación de Canarias. En octubre pasado, sale el Plan, con 5.740 millones de ficha financiera y sin anexo oriental.

En los cuidados paliativos a las empresas y autónomos de Lanzarote, las instituciones locales también han mostrado falta de agilidad. Salvo unas ayudas de San Bartolomé (1.000 euros a 222 autónomos y microempresas), el resto no ha echado una mano, 15 meses después de que se declarase el estado de alarma. “He de reconocer que nos hemos retrasado y pido sinceras disculpas por ello”, admite Corujo, en referencia a las prometidas ayudas del Cabildo de Lanzarote. Se anunciaron en enero, con seis millones de dotación y, medio año después, todavía no se han resuelto. Se espera que salgan en julio (este martes se anunciaba el convenio entre el Cabildo y la Cámara de Comercio para tramitar las ayudas).

En Fuerteventura, el Cabildo empezó a entregar en agosto pasado ayudas a los más de 2.500 autónomos y pymes que lo solicitaron y se terminaron abonando más de cinco millones. Para este año se acaban de habilitar otros 11 millones. El Ayuntamiento de Puerto del Rosario está a punto de resolver su segunda ronda de ayudas, con hasta 1.250 euros por solicitud. El de Arrecife ni está, ni se le espera.

Asignaturas pendientes. Tras las pasadas elecciones, el diagnóstico de la situación en Lanzarote estaba claro: se arrastraba un importante déficit inversor –el consejero regional de Obras Públicas, Sebastián Franquis, ha reconocido una “deuda histórica” con la Isla- y había problemas acuciantes, como el de la falta de vivienda a precio asequible. Por el momento, ni lo primero se ha corregido ni lo segundo se ha mejorado. En noviembre se culminará la ampliación del puerto de Playa Blanca, que ha sido la principal inversión, con 40 millones del Gobierno canario en Lanzarote, y no está prevista ninguna obra más relevante para este año.

Tampoco hay sobre la mesa una hoja de ruta que planifique las inversiones que necesita la Isla en la próxima década. De hecho, no están garantizados ni siquiera los equipamientos que el resto de islas desarrolló a comienzos de siglo. Un ejemplo: este pasado mes de mayo, el arquitecto Carlos Morales registró en el Cabildo otra actualización del proyecto del Palacio de Congresos. El concurso de ideas se falló en febrero de 2009 y más de 12 años después ni siquiera está en la agenda política ni clarificada su financiación.

La pandemia tampoco ha servido para apostar desde el sector público por la diversificación económica. Otro ejemplo: el presupuesto del Cabildo para inversiones en el sector primario es de apenas 601.000 euros y la fábrica de envasado, para productos de Lanzarote, en la que se invirtieron más de 1,2 millones, ha caído en el olvido.

En este mandato prácticamente no se ha avanzado en planificación territorial

Las inversiones que pueden salir antes de las próximas elecciones llegarán por inercia del anterior mandato. Eso sí, hasta avanzado 2022 no se espera que pueda ponerse la primera piedra de las 200 viviendas de promoción pública de Maneje. El concurso para la redacción del proyecto está abierto hasta julio y, una vez adjudicado y elaborado el diseño de los tres edificios de cinco plantas, se tendrían que licitar y adjudicar las obras. Como pronto, hasta 2023 no habría viviendas que inaugurar. El suelo lo puso el Ayuntamiento de Arrecife y los recursos económicos el Gobierno regional.

El Cabildo incluyó en su presupuesto de este año 13,7 millones para adquirir 160 viviendas que se destinarían a alquiler social, a priori una medida más efectiva para paliar la urgencia habitacional de muchas familias. Sin embargo, por ahora no ha sacado a licitación la compra de ningún inmueble. Tampoco consta que se haya creado un Instituto Insular de Vivienda, como se anunció en julio de 2019, ni un Observatorio de la Vivienda, al que se asignaron 1,7 millones en las cuentas de 2020. Ni se ha construido o habilitado un albergue estable: después de utilizar la Ciudad Deportiva durante un año para las personas sin hogar, se han destinado 805.000 euros a tres ONG (Cruz Roja, Emerlan y Mararía) para que se encarguen de gestionar por su cuenta 45 plazas.

Planificación a la espera. Lanzarote fue vanguardia en Canarias en la planificación de su territorio. Este pasado mes de abril se cumplieron 30 años del Plan Insular de Ordenación, que sigue vigente y sin un horizonte claro para su actualización. Se ha especulado con la anulación del contrato con el urbanista José María Ezquiaga, a quien en 2007 se le adjudicó una fallida revisión que no pasó de la fase de avance. De todos los espacios naturales protegidos, cuya competencia es del Cabildo, solo ha salido el Plan de Ordenación de Recursos Naturales del Archipiélago Chinijo, pero falta lo más importante: el documento que regula los usos y gestión del Parque Natural.

En un Cabildo con escasez de recursos humanos cualificados, donde se ha tenido que recurrir a contratar una directora insular de Política Territorial, el funcionario con más experiencia, Leopoldo Díaz, lleva dos años engrasando la sala de máquinas de la Consejería regional de Transición Ecológica. Arrecife tampoco ha avanzado en sacar el nuevo Plan General –el que está en vigor es de 2004 sobre la base del aprobado en 1991- ni el catálogo arquitectónico municipal.

Otro de los rasgos que diferenciaban a Lanzarote era el de la participación ciudadana. El foro público por antonomasia era el Consejo de la Reserva de la Biosfera, cuya junta rectora cuenta con representación de colectivos sociales, vecinales, ecologistas, sindicales, empresariales, las universidades o la Fundación César Manrique. Se tenía que haber renovado en un plazo de 45 días tras las elecciones, pero no se ha definido hasta hace unos meses. Y se tiene que reunir, “como mínimo”, cada dos meses, según sus estatutos. En los dos primeros años del mandato no se celebró ninguna sesión.

La política que viene. Para conocer las próximas novedades de la política insular habrá que prestar atención a los Juzgados de la Vía Medular. El caso Calatayud, por la presunta apropiación de alrededor de un millón de euros en costas judiciales de procedimientos relacionados con la empresa pública Inalsa y el Consorcio del Agua, está llamado a capitalizar la actualidad judicial en los próximos meses. Podemos ya ha denunciado en la Fiscalía Anticorrupción y tanto Inalsa como el Consorcio acordaron emprender acciones legales. En el informe que sirvió de base para el acuerdo se apuntaba a la presunta “prevaricación administrativa y tráfico de influencias” del expresidente Pedro San Ginés si los hechos “fueron conocidos y consentidos” por su parte.

Ástrid Pérez ha jugado a ser socia y oposición del PSOE al mismo tiempo

San Ginés ha presentado una querella por presuntas calumnias contra Corujo, que no ha silenciado a la presidenta ni lo va a hacer. En el último pleno, le acusó de ser “cómplice” de este abogado y de haber “urdido una trama” para beneficiarle. En CC no se ofrecen voluntarios para salir en defensa de las contrataciones al abogado de confianza de San Ginés, que justificó la incautación de la desaladora de Montaña Roja, la otra causa pendiente del expresidente con la Justicia, a la espera de que se resuelva su recusación a la jueza.

Perdida la opción de censurar a Corujo por el bloqueo del consejero Juan Manuel Sosa, con la carambola que supondría, de paso, entrar en el gobierno de Arrecife, en la formación nacionalista hay quienes ya miran hacia 2023 y empiezan a marcar diferencias. Se aprecia en las últimas intervenciones de Oswaldo Betancort, que cultiva su perfil de diputado –y su proximidad a los postulados del partido de su ahora asesora, Gladys Acuña- por encima del de alcalde.

También hay quien piensa que la imagen es fundamental: Ástrid Pérez acaba de fichar al antiguo jefe de protocolo de José Manuel Soria. La alcaldesa ha podido jugar a ser socia y oposición del PSOE al mismo tiempo. Si eso le ha servido de algo a Arrecife merece otro análisis.