El Grupo Nacionalista Canario ha interpelado a la Intervención General de la Comunidad Autónoma por lo que consideran una gravísima irregularidad cometida por el funcionario público Juan Manuel Sosa. “Ha engañando a la administración, se ha mantenido en situación de servicios especiales durante unos 20 meses, sin tener derecho a ello y siendo beneficiario por tanto de más de CIEN MIL (100.000) euros de cobros indebidos”, afirma el portavoz del grupo, José Miguel Barragán.

Juan Manuel Sosa fue nombrado portavoz del grupo político de Coalición Canaria en el Cabildo de Lanzarote en junio de 2019, acogiéndose entonces al derecho que le asistía como funcionario del Servicio Canario de Salud, para acceder a la situación de servicios especiales y continuar percibiendo sus haberes de la Administración de la Comunidad Autónoma.

El 3 diciembre de 2019, el consejero renunció a su condición de portavoz y desde entonces perdió el derecho a seguir cobrando de Sanidad, lo cual debió comunicar obligatoriamente a dicha Consejería.

“Desde el propio partido llevamos meses solicitando información acerca de quién y por qué abona desde entonces las retribuciones del consejero Juan Manuel Sosa, ante la presidenta del Cabildo de Lanzarote; y a través de nuestros diputados, mediante la formulación de preguntas tanto orales como escritas dirigidas al presidente del Gobierno de Canarias, a su consejero de Sanidad y al Comisionado de la Transparencia”, informan desde Coalición.

“Nos consta que desde el Área de Recursos Humanos de la Corporación insular se formuló consulta al respecto a la Dirección General de la Función Pública, para que esta se pronunciara sobre a qué administración le corresponde proceder al abono de las retribuciones del referido consejero: si al Cabildo de Lanzarote o al Gobierno de Canarias”, resaltan los nacionalistas.

En respuesta a dicha consulta, la ya dimitida directora general de Función Pública, remitió informe al Cabildo de Lanzarote, en el que, entre otras consideraciones, admite que el funcionario en cuestión “se encuentra a día de hoy en situación de servicios especiales desde junio de 2019, al haber sido nombrado consejero del Cabildo de Lanzarote y portavoz del grupo político”.

Una condición que perdió por renuncia voluntaria en diciembre de ese mismo año, y concluye que, desde entonces y en todo caso, “la administración competente para proceder al abono de las retribuciones de la persona interesada como Consejero Insular con delegación especial en Sanidad y Planificación Sanitaria, ha de ser el Cabildo Insular de Lanzarote desde el 30 de diciembre de 2019”. 

“En definitiva el informe viene a corroborar que desde entonces el consejero ha cobrado indebidamente más de 100.000 euros de la Comunidad Autónoma”, denuncian desde Coalición Canaria.

Como el informe de Función Pública no aclara los motivos por los que el consejero Sosa ha seguido cobrando del Gobierno de Canarias hasta el día de hoy, ni tampoco se ha iniciado ningún expediente de reintegro por cobros indebidos, desde Coalición Canaria han puesto los hechos “en conocimiento de la Intervención General, como responsable en última instancia de la fiscalización de la nómina de la Comunidad Autónoma”.

Asimismo, Barragán exige que los máximos responsables, tanto del Gobierno que sigue pagando al consejero sin tener derecho a ello, como del ejecutivo al que pertenece el consejero tránsfuga para su blindaje, esto es Ángel Víctor Torres y Mª Dolores Corujo, dejen de eludir su responsabilidad y den la cara.