Uno de los colectivos más castigados por los efectos de la Reforma laboral es el de los vigilantes de seguridad. Desde su entrada en vigor, la mayoría de las empresas del sector optó por aplicar convenios de empresa en lugar del convenio estatal y esto ha llevado a los trabajadores a perder entre un treinta y un cuarenta por ciento de su salario, a pesar de que el Tribunal Supremo ha anulado algunos de esos convenios de empresa, que no se deberían aplicar pero se siguen aplicando. Lanzarote no es una excepción.

En la Isla trabajan aproximadamente unos 300 guardas de seguridad y ochenta de ellos ya se han asociado a Aviselanz, una asociación que en junio. Es una asociación independiente, asociada con una coordinadora a nivel estatal y que aún no tiene sede pero sí tiene presidente. Se llama Gabriel Barrios y sus objetivos, a corto plazo, pasan por dar a conocer la situación de estos trabajadores a la sociedad, en general, y a la clase política, en particular.

Barrios ya ha concertado entrevistas con varios cargos públicos y de partidos políticos. Señala que la asociación servirá para “dar voz a los vigilantes que no pueden hablar” porque temen represalias de su empresa. “La gente se cree que ganamos un dineral, y eso podía ser hace años, cuando eramos guardias jurados, pero ahora no”, dice. Confirma que la bajada en el sueldo ha sido enorme y que la nómina más común, trabajando ocho horas, cinco días la semana (sean o no festivos) es de unos 770 euros.

“Muchos sobrevivimos haciendo horas extras o trabajando para dos empresas distintas y haciendo más de 300 horas al mes”, asegura. Y aún así, en esos casos, el sueldo no llega ni a mil euros. En algunas empresas, la jornada nocturna, muy común entre los guardias, se paga con un euro extra por hora. Entre las empresas que respetan el convenio estatal cita a Securitas y a Prosegur. El resto, al menos de las que operan en Lanzarote, lo incumple.

Barrios dice que la asociación ha acumulado ochenta socios desde junio porque “la gente está muy quemada”, y la Administración contribuye a la precariedad laboral, ya que muchas de las empresas operan porque han ganado un concurso público.

Por eso solicitan la implicación de los cargos públicos, para que en los pliegos de condiciones se obligue a cumplir el convenio estatal y para que vigilen que se cumplan esas condiciones. Hace meses, los guardias de seguridad de los centros de salud de la isla denunciaban sus malas condiciones de trabajo después del último concurso.

Alegaban que la empresa firmó un pliego de condiciones con la gerencia del Área de salud donde se especificaba que las condiciones están sujetas al convenio estatal de seguridad privada y la empresa alegó conflicto colectivo porque se había descolgado, precisamente, del convenio estatal.

Los guardias de seguridad crean una asociación ante la situación de precariedad en el sector, que ha perdido más del treinta por ciento de su sueldo en los últimos años, con salarios por debajo de los 800 euros

En Fuerteventura, el Cabildo anuló la concesión del servicio de seguridad del Palacio de Congresos a la empresa Marsegur por las condiciones que aplicaba a sus empleados, y Aviselanz pide que en Lanzarote se revisen también los contratos públicos. Las condiciones son tan malas que Barrios señala que “algunos compañeros han ido a Cáritas para comer, incluso trabajando, porque no llegan a fin de mes”. Y otros no llegan a tanto pero no se pueden permitir disfrutar de vacaciones ni lograr un crédito para una vivienda.

Esta situación se está traduciendo en bajas laborales por ansiedad, depresiones... Está en negociación un nuevo convenio estatal que pretende dotar de mayores responsabilidades a los vigilantes de seguridad, “pero no se sabe si nos subirán el sueldo”, puntualiza Barrios, que asegura que los guardias se tienen que pagar ellos mismos su formación para acceder a mejores destinos.

Barrios señala que el problema no está en los gerentes de las empresas en la Isla sino en las empresas matrices y por eso lo más probable es que se vaya a una huelga general en el sector a finales de septiembre. El pasado 7 de septiembre se desarrolló una concentración por parte de Intersindical Canaria a las puertas de los Juzgados para denunciar la precariedad en el sector.