“La primera reflexión es que lo que sucede en Canarias es difícil gestionarlo peor, ha sido una vergüenza”. El corresponsal de El País en Dakar, Pepe Naranjo, abría así la última jornada del campus de verano 2021 de la Fundación Canarias Siglo XXI, que debatió sobre la gestión del fenómeno migratorio en las islas.

Naranjo, que intervino por videoconferencia y compartió mesa con la corresponsal de la Cadena SER en Rabat, Sonia Moreno, considera que en realidad la gestión de los últimos treinta años de este fenómeno es igual de desastrosa: “No ha existido una política de gestión de flujos migratorios, solo represión y vigilancia, no ha habido un intento de gestionar esto de forma racional, cuando es un movimiento imparable”.

Para Naranjo, nos deberíamos hacer una pregunta: ¿qué hacen ochenta personas en medio del mar llegando a Canarias? “La primera respuesta tiene que ver con nosotros”, dijo. Si bloqueamos la posibilidad de que vengan de forma legal, solo les queda esa vía. La segunda respuesta tiene que ver con la crisis en África, reforzada ahora por la Covid, en un continente donde están los países más pobres del mundo. En Senegal se vive del sector informal, “que ha quedado destruido, se han perdido unos 50.000 trabajos y de cada empleo viven diez personas.

A esto se le suma una profunda crisis del sector pesquero artesanal por la presencia de barcos de otros países. En Mali, por ejemplo, la situación aún es peor, ya que ha sufrido dos golpes de Estado en un año y dos tercios del país están fuera de control por el avance del yihadismo, que pasa desapercibido. En el Sahel hay 4,5 millones de personas desplazadas por el extremismo. Solo en Burkina Fasso hay 1,3 millones de refugiados internos, “más que en la crisis de 2015, que puso contra las cuerdas a Europa”.

En 2020 fallecieron unas 800 personas en la ruta canaria. “Es la ruta más peligrosa del mundo” y cada año, las barcas salen desde lugares más complicados para eludir la vigilancia. “Lo que mueve a estas personas es la falta de expectativas”, señaló Naranjo, que cree que la defensa de los derechos humanos en Europa es un mito romántico. Ya no se la cree nadie. “Las migraciones no son un problema, son la búsqueda de soluciones a problemas de fondo, pero las convertimos en un problema al no saber gestionarlas”, dijo, ya que “Canarias no va a cambiar de lugar, pensemos en otras alternativas, porque no podemos tratar a seres humanos como los hemos tratado hasta ahora”.

Naranjo dijo que en 2020 se podía prever que esto iba a ocurrir, una gran llegada de personas a Canarias de nuevo. “Se sabía, pero nadie hizo nada”. Sin embargo, sí quedó clara la intención del Gobierno español de aislar el problema en Canarias y que no llegaran al continente. Para Naranjo, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ya no tiene mucho crédito. “Vivimos en un mundo anestesiado ante el sufrimiento de los otros”, concluyó.

Cambio de ruta

Sonia Moreno, corresponsal de la SER en Marruecos, explicó que el cambio de tendencia, la reapertura de la ruta atlántica hacia Canarias, comenzó a producirse desde 2018: “Cuando se cierra una ruta, se abre otra”. En una vista de Marlaska a Marruecos le preguntó por esa reactivación de la ruta atlántica y el ministro dijo que era una exageración. “¿Cómo no lo iba a saber?”, se preguntó esta periodista.

Moreno explicó que en Tánger, al norte del país, se encuentra el barrio de Boukhalef, en el que vivían subsaharianos muy integrados, incluso con negocios propios. Marruecos recibe el encargo de convertirse en la frontera sur, de alejar esa frontera del territorio europeo, de externalizarla. Para ello recibe 140 millones de euros. Entonces expulsa a todos esos inmigrantes, con y sin pasaporte y los mete en guaguas hacia el sur, a Tiznit, la puerta del desierto a 860 kilómetros, sin ayuda humanitaria de ningún tipo.

Como la mafia va donde hay negocio, se va instalando en la costa más cercana a Canarias. Los subsaharianos comienzan a trabajar en El Aaiún como chicos de los recados o en el sector pesquero, consiguen dinero y ven una posibilidad de salir hacia Canarias. “Llega la Covid, los expulsan de los trabajos, los meten en centros de internamiento y hasta hacen redadas en las casas”. Eso ayuda a que se embarquen.

A ellos se les suman los jóvenes marroquíes que huyen del permiso militar obligatorio y de la falta absoluta de libertades. Actualmente, en Marruecos hay cinco periodistas detenidos y activistas del Rif a los que les piden 20 años de cárcel. “Estamos peor que en 2010, no se ha implementado la apertura democrática que se prometió”, dijo Moreno, que considera que las personas tienen derecho a moverse y que cada una tiene sus razones para emigrar, tantas como emigrantes.