La Fundación César Manrique (FCM) ha presentado alegaciones a la Ley del Suelo que impulsa el Gobierno de Canarias de CC y PSOE, y pide la retirada del proyecto legislativo. Entre las principales críticas destaca que se otorgue el máximo poder y “competencias” en materia urbanística a los ayuntamientos, en detrimento de las que ha siempre ha ejercido la comunidad autónoma.

Con la nueva Ley del Suelo, cada ayuntamiento tendrá competencias para aprobar definitivamente su propio Plan General, algo que no sucede “en ninguna de las comunidades autónomas”. También recaerá en las corporaciones locales la evaluación ambiental estratégica de los instrumentos de ordenación.

Para la Fundación, la “nueva distribución de competencias” a favor de los ayuntamientos era el “objetivo principal de los agentes políticos y económicos” que pretenden la “voladura controlada” del sistema que ha prevalecido hasta la actualidad, con el control del Gobierno a través de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac).

En ese sentido, la FCM subraya que la “renuncia al control de legalidad” de planes generales o proyectos con carácter previo a su aprobación, para que cualquier discrepancia termine inevitablemente en los tribunales “va a suponer la eliminación de garantías que, hasta ahora, habían aportado mucha seguridad jurídica” a los propios ayuntamientos.

A juicio de la Fundación, que la comunidad autónoma renuncie a controlar la legalidad en materia urbanística y territorial va a generar “dilaciones considerables” por recursos judiciales y “la creación artificial de situaciones de hechos consumados”, así como “un notable incremento de la inseguridad jurídica”.

La “conflictividad judicial” que se avecina, advierte la entidad presidida por José Juan Ramírez, va a derivar a los ayuntamientos, que “en su mayoría no disponen del aparato jurídico para hacerle frente”. El Gobierno regional, señala la Fundación, “parece ignorar el hecho” de que en Canarias “el suelo es un recurso escaso y no renovable”.

‘Barra libre’ en suelo rústico

Otra de las críticas más relevantes de la FCM a la nueva Ley del Suelo es la “extraordinaria permisividad” que ofrece con el suelo rústico. La futura normativa permite que “usos deportivos, de ocio” o “turísticos” pasen a considerarse como “usos, actividades y construcciones” ordinarios del suelo rústico, como si se tratase de los tradicionales usos agrícolas o ganaderos.

La Fundación hace hincapié en el caso de las bodegas e instalaciones vinculadas a las explotaciones vitivinícolas. Así, “en cualquier categoría de suelo rústico” se podrá autorizar la construcción de bodegas o edificaciones anexas, con el único límite de que no estén expresamente prohibidas en el planeamiento insular o de los espacios naturales protegidos donde se encuentren las viñas.

“Incluso”, destaca la FCM, en suelo rústico que no tenga la categoría de protección ambiental “podrán autorizarse usos residenciales, industriales, turísticos y de equipamientos y servicios”. De este modo, “no existen usos, actividades y construcciones, sea cual sea su naturaleza, que no puedan ser acogidos por el suelo rústico”.

Más detalles

DESMANTELAMIENTO. La FCM incide en el “completo desmantelamiento” del sistema legal de planeamiento existente, al vaciar el “contenido y alcance” de los Planes Insulares al limitar “notablemente su capacidad para condicionar el planeamiento municipal” en manos de los ayuntamientos.

DISCRECIONALIDAD. La Fundación también critica que bajo la denominación de ‘proyectos de interés insular y autonómico’ se legitimen construcciones “en cualquier suelo”, desplazando la ordenación del Plan Insular o del Plan General. En su opinión, esta permisividad favorece las “dinámicas especulativas”.

INSEGURIDAD. La FCM cuestiona que se traslade del Gobierno a los cabildos la capacidad para formular, tramitar y aprobar, los instrumentos de ordenación de los espacios naturales protegidos, lo que “rompe por completo la unidad regional de criterio y la cohesión territorial y social de las Islas.