La Fundación Cesar Manrique también ha impugnado en los tribunales el Proyecto de ejecución y compensación del nuevo plan parcial Playa Blanca, que se contempla a través de un convenio en el Plan General de Yaiza y que se aprobó en pleno municipal el pasado mes de octubre. La FCM había logrado que los tribunales anularan tanto el anterior Plan como todas las licencias otorgadas por el Ayuntamiento dentro de ese ámbito a partir del año 2005.

El Ayuntamiento de Yaiza, a través de un decreto de alcaldía del mes de abril, informa de que la FCM ha presentado un recurso en los tribunales, que lleva el Juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Las Palmas, con el fin de notificar esta circunstancia a todos los vecinos interesados.

El plan parcial fue extinguido por la entrada en vigor de la Ley de medidas urgentes de 2001 pero se siguió tramitando con numerosas irregularidades y se siguieron concediendo licencias. Tanto la FCM como el Cabildo y algunos de los compradores de las casas consiguieron hasta 14 sentencias contra todos los actos urbanísticos aprobados en ese plan parcial, incluidas varias en las que se les da la razón a los compradores, obligando a los promotores a devolverles el dinero, y en las que se habla de mala fe por parte de los vendedores ya que conocían los problemas urbanísticos del plan y su posible ilegalidad y sin embargo no informaron a esos compradores. En el plan se construyeron unas 400 casas aunque se preveían 1.800.

El nuevo Plan General de Yaiza recoge la regularización de todas esas casas a través de un convenio con un sistema de ejecución privada. Lo que hace es dividir el anterior Plan en dos unidades de actuación: una que llevaría una nueva parcela hotelera que no se había previsto anteriormente y otra, donde están la mayoría de las casas construidas. La parcela para el hotel propiedad de una sociedad gallega, serviría para que esta empresa se hiciera cargo de los gastos del proyecto de urbanización y que esos gastos no recaigan en el resto de los propietarios.

La FCM ya impugnó en los tribunales el Plan General de Yaiza, por varios motivos referidos a distintas zonas del municipio, entre los que estaba la legalización de facto de las casas construidas de forma ilegal. En las alegaciones que hizo la FCM sobre este plan parcial se recogía un recorrido histórico por las circunstancias del plan y sus motivos de anulación, y destacaba que las consecuencias de esa ilegalidad debía ser “el restablecimiento de la realidad alterada y transformada”.

El PGO de Yaiza recogía un convenio que en la práctica legaliza más de 400 casas anuladas por la Justicia

La FCM recordaba que “se dirigió al Ayuntamiento de Yaiza en el año 2004, antes de emprender acciones legales, advirtiéndole de las presuntas irregularidades en que incurría dicho proyecto, por lo que desde un primer momento tanto el consistorio como los promotores del plan parcial tuvieron conocimiento del riesgo que asumían al seguir adelante con la ejecución”.

También se muestran en contra del convenio urbanístico, de mayo de 2012, que fue “formulado unilateralmente por sus promotores, que han ido realizando de forma antijurídica una continuada actividad de transformación de esos suelos y de edificación, sin cobertura en un planeamiento eficaz, en contra de la ley, tratando de ir a hechos consumados”, y que califican como “un disparate jurídico y un exponente evidente de la pretensión de privatización de la función pública urbanística”.

La FCM considera que ese suelo era indiscutiblemente rústico de protección territorial y que desde el punto de vista territorial, urbanístico, turístico y medioambiental, “es rechazable esta reclasificación y ordenación por sus impactos en la isla y en la zona turística de Playa Blanca, no evaluados, ni ponderados, ni justificados”. Además recordaban que está en vigor la prohibición de nuevas reclasificaciones o sectorizaciones para uso turístico en Lanzarote y señalaba que a los promotores no pueden “regalárseles” nuevas promociones de tipo hotelero.