El caso Montecarlo, que saltó a la luz pública en el año 2012 con un registro en el Ayuntamiento de Arrecife, se ha vuelto a reactivar, con un nuevo impulso por parte de la Fiscalía y la llegada de un nuevo juez, Ricardo Fiestras, al Juzgado de Instrucción número 4 de Arrecife.

El caso se dividió en cinco piezas aunque se archivó una. De las otras cuatro, una tiene relación con el servicio de recaudación del Ayuntamiento de San Bartolomé y los pagos realizados a la empresa de uno de los principales imputados, José Vicente Montesinos, y las otras tres tienen relación con el Ayuntamiento. Una de ellas también está relacionada con la empresa de Montesinos y los encargos desde Intervención para que realizara pliegos de condiciones para concursos y suministros municipales.

En algunos casos se sospecha que los precios estaban inflados, en otros que ni siquiera se hacían los pliegos y en otros, que ni siquiera existían los concursos o suministros para los que se encargaban. Desde principios del mes de septiembre se han reactivado las otras dos piezas que quedan: la que tiene que ver con la empresa Tunera y una larga serie de contratos, y la que tiene relación con la empresa Inelcon y las adjudicaciones que se hicieron desde el Ayuntamiento. En ambas está imputado el alcalde de Arrecife, José Montelongo, por su etapa al frente de la concejalía de hacienda.

Montelongo estaba imputado sólo en la pieza de Inelcon y se le ha sumado una nueva imputación en la pieza de Tunera. Debía declarar esta semana pero se han suspendido todas las declaraciones porque no se había trasladado una documentación a los imputados.

En el caso de la pieza de Tunera también se ha imputado al ex concejal del PIL Eduardo Lasso y al técnico del Ayuntamiento José Nieves, quienes ya estaban imputados también en la pieza de Inelcon. El ex concejal de festejos, Víctor San Ginés (PSOE) y el técnico Kiko Hernández también fueron llamados a declarar en calidad de imputados, aunque se ha pospuesto su declaración.

Entre los que sí declararon está el ex consejero del Cabildo de Lanzarote por el PSOE y técnico municipal, Miguel Ángel Leal, en relación con Inelcon. En este caso se investiga una gran cantidad de facturas que se pagaron a esta empresa sin que se tramitaran los oportunos expedientes.

La mayoría de ellas son de iluminación pero también son por otros conceptos, como diversas compras o eventos, y se fraccionaban, presuntamente, para escapar de los trámites legales. Además, se investiga si los precios estaban inflados o se pagaba dos veces por el mismo concepto. En muchos casos no están suficientemente bien descritas o desglosadas, y aun así se aprobaba el gasto.

Entre esas facturas están los pagos por la iluminación de las navidades de 2009, justo después de la operación Unión, y las de 2010, cuando que se pagó a esta empresa hasta 250.000 euros. Se investiga si alguna factura incluso se pagó antes de que se instalaran las luces.

La actual consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, María Teresa Lorenzo, tendrá que declarar en el Juzgado como testigo

En el caso del actual alcalde, se le imputa principalmente la aprobación durante un pleno en 2011 de un reconocimiento extrapresupuestario de muchas facturas a esta empresa, cuando podía haber indicios de que no se habían tramitado de forma regular. La defensa del alcalde consiste en que esos reconocimientos tenían el respaldo del interventor municipal, Carlos Sáenz, el principal imputado del caso. Las sospechas sobre Montelongo no sólo recaen por la documentación sino también por la declaración de varios técnicos y del propietario de la empresa.

El caso de Tunera es muy similar. Esta empresa de eventos obtuvo una gran cantidad de contratos durante años. De hecho, Arrecife le acaba de adjudicar a otra empresa del grupo Tecnosound el contrato por dos años para servicios de iluminación, sonido, elementos auxiliares y estructuras para la realización de actividades programadas por el propio Ayuntamiento. El contrato salía a licitación por 1,3 millones y Tecnosound ofertó 200.000 euros. Fue la única oferta.

En este caso se investigan contratos como el proyecto de apoyo al desarrollo de las acciones y programas de la concejalía de barrios, con una factura de 63.000 euros sin expediente de contratación y otras dos de casi 15.000 euros, para evitar supuestamente, que se sacaran a concurso. También se investiga el concierto de Alejandro Sanz, en 2010, que le llegó a costar al Ayuntamiento casi 400.000 euros.

En el caso, la Fiscalía ha solicitado que declaren como testigos tres ex ediles: Juan Jesús González Docal (PIL), Blanca Blancas (Alternativa Ciudadana) y la actual consejera de turismo del Gobierno, María Teresa Lorenzo (CC). Además se ha pedido el archivo de la causa para el ex tesorero Antonio Cabrera Panasco.